Tras el asesinato de 7 policías,
entre ellos 3 auxiliares bachilleres que prestaban su servicio militar, el presidente Gustavo Petro le dijo al director de la institución que “no puede haber más auxiliares de Policía en las zonas que denominamos de conflicto”.
Para el jefe de Estado, en las zonas más complejas se requieren uniformados más experimentados.
“Hay que cuidar esa primera juventud, de 18 a 20 años, que equivale más o menos lo mismo que el servicio militar obligatorio en el caso de las Fuerzas Armadas, por su nivel de experiencia, que es bajo por su condición, es básicamente la de cumplir un requisito de ley”, afirmó el mandatario.
Y de los cerca de 20 mil auxiliares con los que cuenta la Policía en el país, casi el 20% de ellos, unos dos mil, tendrían que ser reubicados bajo esta directriz.
“Con la orden del señor presidente, vamos a mirar cuántos auxiliares saldrían de lugares donde haya un mayor riesgo para ellos. Aproximadamente, son unos 2.000 auxiliares que tenemos que revisar con esta orden presidencial”, declaró el director de la Policía, el general Henry Sanabria.
Para el senador Iván Cepeda, la decisión es otro acierto del Gobierno, pues “deben ser integrantes de la fuerza pública con experiencia en esta clase de asuntos quiénes estén en estos lugares. Una decisión que puede limitar que ocurran masacres”.
Sin embargo, desde la oposición advierten que sería un debilitamiento de la fuerza pública.
“Pretender retirar la fuerza pública de algunos sectores del país es un muy mal mensaje. Estamos retrocediendo, no es así, tenemos que fortalecer a los soldados y policías”, expresó el policía retirado y senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño.
Para algunos analistas como Jorge Mantilla, director de conflicto de la fundación Ideas para la Paz, la propuesta tiene concordancia con la seguridad humana, pero también es importante “fortalecer primero los sistemas de seguridad de los municipios más afectados por el conflicto”.
Asimismo, exmilitares explican las consecuencias de la directriz.
“Buena parte del territorio nacional está afectada por grave situaciones de orden público y, si se deja de prestar este servicio, implicaría trasladar otros oficiales de carrera de la ciudades y afectaría la seguridad”, explicó el coronel retirado del Ejército y experto en seguridad, Alexander Moreno.
Para otros expertos, la directriz tendría un impacto en las fuerzas, sumado a la propuesta de modificar el servicio militar obligatorio.
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