Puerto Leguízamo, aunque no es la capital, es el municipio más extenso del Putumayo
y uno de los más violentos. La lejanía y la ruralidad facilitan el actuar delictivo. El territorio tiene, por un lado, al río Caquetá, donde delinque el frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC, y por el otro, al río Putumayo, donde hace presencia en toda la ribera los Comandos de Frontera.
En este lugar fue donde, con sevicia, masacraron a cuatro niños que habían sido reclutados por las disidencias de Iván Mordisco por escaparse de sus filas.
Por su parte, Puerto Guzmán es más pequeño, pero no menos sangriento. El año pasado, en la retina de los colombianos quedó grabada la imagen de una volqueta que arrojó 18 cuerpos de criminales abatidos en combates con otros grupos armados.
No muy lejos, el pasado 17 de julio los pobladores se levantaron nuevamente con 8 cadáveres en las calles, víctimas de los combates entre esos dos grupos guerrilleros.
“Puerto Guzmán no está en la potencia mundial de la vida porque acá todas las semanas hay muertos, todas las semanas hay desplazamientos, todas las semanas hay enfrentamientos entre estos dos grupos”, aseveró Édison Mora Rojas, alcalde de este municipio.
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Es tal la ausencia del Estado en esta zona que, según denuncian las comunidades, ellos mismos tuvieron que levantar los cuerpos utilizando troncos y motos.
“Utilizando sus herramientas ancestrales y sus maniobras propias de cuando alguien se enferma, cogieron sus motocicletas y en las parrillas de las mismas trasladaron los muertos, porque no quedaba otra alternativa”, explicó Alexánder Africano, defensor de DD. HH. y experto en seguridad.
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“No existe una presencia del Estado como debe ser. La Defensoría tiene conocimiento de la situación de reclutamiento que existe por parte de estos grupos armados. La situación del confinamiento también es una situación que algunas comunidades indígenas vienen soportando, el desplazamiento de comunidades campesinas”, sostuvo John Harold Ordóñez, defensor regional de Putumayo.
Grupos al margen de la ley se disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico. Líderes sociales y defensores de derechos humanos ruegan por una intervención inmediata: “Exigimos y mantenemos el llamado urgente para que el Gobierno nacional avance en las agendas de paz total y que, a partir de estas agendas, se pueda garantizar la vida y la seguridad”, señaló Yuri Quintero, vocera de la red de DD. HH. de Putumayo.
Las comunidades se encuentran atrapadas por la violencia, abandonadas y hasta afectadas por la corrupción. Los últimos gobernadores del Putumayo han pasado por la cárcel y el último sigue preso. Adicionalmente, Mocoa, siendo capital, no tiene suministro de agua potable en toda la ciudad, los municipios no tienen vías, hay déficit de hospitales y no cuentan con servicios públicos.
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