Miembros de por lo menos nueve comunidades de la zona rural del puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, comenzaron a cortar árboles para bloquear el paso en el sector El Gallinero, ubicado en la vía Aguadulce. Según ellos, lo hacen porque pese a que el gobierno habla de paz, en su región no saben qué es eso, pues son testigos constantemente de asesinatos y desapariciones.
Mario Angulo, representante de las comunidades afrodescendientes, sostiene que “grupos insurgentes han comenzado a hacer retenes ilegales en los territorios”.
Silvano Caicedo, representante comunitario de Anchicayá, dijo que el bloqueo en el puerto de Buenaventura lo hacen “para decirle al Gobierno nacional que venga a dialogar con nosotros porque nosotros hemos mandado diferentes documentos a Francia (Márquez), y al presidente Petro, y a su ministro de Defensa y no hemos tenido respuestas coercitivas de las que nosotros estamos esperando”.
En la vía a El Mango, entre Santander de Quilichao y Popayán, se presentó un bloqueo.
Publicidad
Los camioneros dicen que no aguantan más, porque después de un paro minero de más de 20 días, bloquear el principal puerto de Colombia es ir camino a la quiebra.
Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, afirma que han tenido que tolerar “más de 250 bloqueos en el país en el transcurso del 2023”.
Publicidad
Por eso hizo “un llamado muy importante al Gobierno nacional, al Ministerio de Defensa e, incluso, al Ministerio de Transporte, para que nos ayuden a que nosotros los transportadores podamos seguir trabajando como lo hacíamos antes. No necesitamos caravanas porque estamos en un país libre. Necesitamos es un control, orden y libertad”.
El sitio conocido como Aguadulce es fundamental para la entrada al puerto de Buenaventura, ya que allí quedan los parqueaderos de ingreso a la zona portuaria.
El bloqueo en el puerto de Buenaventura se suma al paro minero que, desde el 2 de marzo, se adelanta en el Bajo Cauca antioqueño en rechazo a las operaciones militares y policiales contra la minería ilegal.
Sin embargo, en medio de las protestas se han producido hechos violentos atribuidos al Clan del Golfo, con quien el gobierno decidió suspender el cese al fuego.
Publicidad
Dicho grupo "tiene negocios en los principales mercados criminales de Colombia como el narcotráfico, también de la minería criminal a gran escala, también tiene tentáculos en áreas de construcción, sectores madereros y otros negocios", así como nexos con organizaciones de otros países, explicó el analista Diego Alejandro Restrepo, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), a la agencia Efe.
Tras la extradición a EE. UU., en mayo de 2022, de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, el Clan del Golfo mostró los dientes al paralizar once departamentos con acciones violentas que dejaron 24 muertos.
Publicidad
A pesar de esa muestra de control territorial, el Gobierno insiste en que no tienen estatus político, al contrario de otras organizaciones como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las FARC.
Es por ello que el Gobierno no habla de acuerdo político sino de sometimiento a la justicia para este grupo, con el que ya tuvo conversaciones exploratorias que ahora quedan en vilo tras la suspensión del cese al fuego bilateral.
Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.