El borrador del proyecto sobre el sometimiento de las bandas criminales que se ha conocido propone la modificación de tres leyes de la República, rebajas de penas, mecanismos sustitutivos en las condenas, prisiones comunitarias y reducciones en las sentencias de hasta un 60%.
La pena máxima en Colombia es de 60 años de prisión y la reducción de dicha pena es una de las más llamativas medidas de este proyecto de ley.
“Lo que está proponiendo el proyecto de ley es volver a la pena que contemplaba el Código Penal antes de su modificación, que era de 50 años, cuando quiera que concurriera el concurso de delitos, y cuando no había concurso se podía llegar a 40 años”, aseguró el abogado penalista José Gregorio Beltrán.
El proyecto propone unos mecanismos sustitutivos para grupos criminales como:
- Prisión comunitaria
- Medida de aseguramiento privativa de la libertad comunitaria
- Ejecución especial de la pena
La propuesta, que se conoce del borrador, establece actividades comunitarias que permitan reparar el daño a las víctimas y que los condenados cuenten la verdad de los crímenes cometidos.
“Que se repare a las víctimas, que se diga la verdad, que se desmonten las organizaciones criminales. Si se cumpliera, estaríamos frente a un panorama aceptable y viable. El problema es que terminen siendo normas que se apliquen con laxitud, o no se aplican, y terminemos con más impunidad formalizada por supuestos acuerdos”, indicó Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista.
Además, el proceso de las audiencias cambia y dentro del desarrollo de las investigaciones se establecerán unas actas que contendrán los elementos claves de los procesos penales para los grupos criminales.
“No hay una audiencia en la que se formule imputación, lo que se presenta es un escrito con la imputación”, agregó el penalista Beltrán.
Los reincidentes que han cometido delitos 5 años antes del sometimiento y quienes cometan crímenes atroces y violaciones a los derechos humanos estarán excluidos de cualquier tipo restaurativo y penas sustitutivas.
El otro planteamiento que genera ampolla es que los criminales que se sometan a través de este proyecto puedan quedarse con el 10% de los bienes obtenidos en actividades ilícitas, un asunto que genera un férreo debate sobre lo viable que resultaría esta medida.
"El imputado podrá conservar el derecho de dominio sobre uno o algunos de dichos bienes siempre que su valor comercial no supere el 10% del total de los bienes objeto", dice en el proyecto.
Lo que señalan exfiscales es que ya está estipulado en la ley de extinción de dominio.
“Sí hay que revisar es el porcentaje de devolución, no podemos generar un incentivo que también sea negativo, en el entendido que se termine privilegiando a las personas que han obtenido bienes a partir de conductas ilegales”, dijo Juan David Bazzani, exfiscal y profesor de derecho penal.
Penalistas señalan que esta herramienta es utilizada por la justicia americana: delatar y quedarse con una parte del botín. Sin embargo, ¿qué tan positivo resulta implementar esta iniciativa como lo plantea hasta ahora el borrador de la ley de sometimiento?
“Es absolutamente plausible el uso de instrumentos jurídicos, pero lo que hay que hacer aquí es hacer valer el monopolio de la fuerza", afirmó Miguel Ángel del Rio, abogado penalista.
Este apartado ya genera división en el Congreso. Mientras un sector advierte que se están favoreciendo a grupos narcotraficantes, otros justifican los beneficios porque Colombia necesita la paz.
"¿Cómo así que se le permite quedarse con el 10% de los bienes de la renta ilícita, de la minería ilegal, de la extorsión, minería ilegal y el secuestro? Eso no puede permitirlo el país", expresó el representante a la Cámara del Centro Democrático Hernán Cadavid.
"Hay otros países en los que ya se practican estos subrogados penales sobre la base de la colaboración. Tal vez el ejemplo más cercano es Estados Unidos y su sistema penal”, declaró Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico.
El 10% de los bienes se concederá luego de que los procesados entreguen un un listado con los muebles e inmuebles que tuviesen relación directa o indirecta con las actividades ilícitas, para acceder al beneficio. Luego, un fiscal delegado levantará acta de colaboración, la cual contendrá la aceptación de cargos y el beneficio acordado.
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