Procuraduría reabrió casos de falsos positivos que estaban engavetados: “Involucrados 125 militares”

La Procuraduría elaboró un extenso documento que le entregó a las JEP y en el que revela al menos 125 casos de militares que no habrían sido investigados por falsos positivos porque los procesos se cerraron en oficinas de control internos de los batallones sin que se hubiera practicado una sola prueba.JEP denuncia amenazas contra uno de sus magistrados y su equipo“Se encontraron una serie de irregularidades en la muerte de 24 personas, producto de falsedades en las operaciones. Eso fue entre el 3 de octubre del 2002 y el 3 de octubre de 2007”, aseguró Margarita Cabello, procuradora general de la Nación.Para llegar a estas conclusiones, la Procuraduría revisó 15 expedientes disciplinarios militares de sucesos que ocurrieron entre 2002 y 2007.“Encontramos que hay involucrados 125 militares, 97 soldados entre regulares y profesionales, otro número de profesionales y diez oficiales”, indicó Javier Sarmiento, procurador delegado.Anotó que, “de los 15 expedientes disciplinarios, doce fueron archivados por las oficinas de control interno de los batallones”.“Nosotros en el ejercicio de las facultades que tiene la Procuraduría General de la Nación solicitamos la revocatoria de esos archivos y asumimos esas investigaciones”, sostuvo.El informe se centra en el batallón de La Popa, ubicado en Valledupar, capital del Cesar. Para los investigadores del Ministerio Público, el lugar era como la central desde donde se planeaban y manipulaban los casos de falsos positivos, no solo que se ejecutaban desde ese lugar, sino de otros sitios como el batallón Energético Vial N°3, en el sur del departamento, el batallón contraguerrilla N°2, que se denominaba Guajiros, y el Gaula del Cesar, entre otros.Sarmiento explicó que se encontró “una mala instrucción de los procesos, no ordenan las pruebas conducentes, pertinentes y útiles para esclarecer los hechos”.Investigan presunto abuso de una niña en hogar infantil de Armenia¿Quiénes son las víctimas?“Un 45% pertenecieron a comunidades indígenas, étnicas, de esa jurisdicción; otro 25% corresponde a trabajadores del campo, campesinos de la zona rural del departamento del Cesar, y el otro 30%, ya a trabajadores de la zona urbana y llama la atención el rango de edades, 18 a 25 años”, señaló el procurador delegado.La Procuraduría espera que la JEP comience a llamar a los militares mencionados, ya que varios de ellos hasta ahora permanecerían en la sombra sin responderle a la justicia, pero además advierte de otros 700 posibles casos como estos.