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En un informe de más de 100 páginas, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer presuntas irregularidades en el proceso de compra de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, durante el periodo comprendido entre agosto de 2022 y febrero de 2024.
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Gustavo Guerrero, procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, afirmó que “en el mes de marzo de 2024 se hizo una visita administrativa y preventiva a las oficinas de la ANT y se solicitaron archivos de la compra de tierras porque la Procuraduría tenía información sobre posibles irregularidades en esos procesos”.
De 288 expedientes reportados por la Agencia Nacional de Tierras, la Procuraduría analizó 86 y encontró presuntas irregularidades en al menos 54 de ellos, lo que corresponde al 62%.
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Guerrero especificó que “hay predios que tienen más de una irregularidad” y que todo el documento revelado por la Procuraduría comprende un riesgo en los recursos en más de 136.000 millones de pesos.
Uno de los principales problemas que hay en este caso, según indicó Guerrero, “es la ausencia de un proceso único, definido y claro para la compra de tierras”.
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Irregularidades que se identificaron:
En el reporte que le pasó la Agencia Nacional de Tierras a la Procuraduría, “solo 23 predios, de los 288 que estaban en proceso de adquisición, fueron adjudicados de manera efectiva. Además, de esos 23 predios, 19 se entregaron de forma directa sin un proceso de selección objetiva”.
“Hay 41 predios que se encuentran en proceso de ingreso al fondo de tierras, 201 presentan estado comprometido, 17 tienen una entrega provisional, un predio reporta un desistimiento de la oferta por parte del propietario, otro está en proceso de verificación del concepto de viabilidad técnica para continuar con el proceso de compra, y cuatro fueron asignados a la subdirección competente para adelantar el proceso de asignación de derechos y actualmente se encuentran en el estudio del expediente por parte de la Agencia Nacional de Tierras”.
Guerrero advirtió sobre la real ejecución de los recursos asignados en el presupuesto para la compra de tierras.
“En el 2023 se asignó un presupuesto de un billón doscientos sesenta y un mil pesos y la ejecución real solamente fue del 33%, que equivale a $407.021.000”.
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El procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios especificó que “de ese billón doscientos sesenta y un mil pesos, el resto, $645.000.000, fueron trasladados al Fondo Colombia en Paz y para el momento del cierre de la vigencia del informe no se habían ejecutado recursos.
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