En entrevista con Noticias Caracol, la procuradora Margarita Cabello se refirió a la controversia que se ha suscitado en el país por la solicitud del presidente Gustavo Petro de levantar órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo y de Los Pachenca, dos organizaciones delictivas de alto impacto y de vínculos con el narcotráfico.
Con la propuesta, el gobierno Petro busca avanzar en unos diálogos de paz y de sometimiento a la justicia en el marco de la paz total. Sin embargo, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, se mostró en desacuerdo porque, asegura, la ley tiene límites.
Su postura fue respaldada por la procuradora Cabello, quien manifestó: “La Constitución es básica en decir que hay que buscar la paz y el Gobierno quiere fundamentarse en busca de la paz, a través de su ley 2272 sobre paz total, pero hay unos límites constitucionales. También que hay que tener en cuenta que el poder judicial es el llamado a determinar, en sentido del nombramiento de los representantes o los voceros, si les da la libertad o levanta las órdenes de captura o no con fundamento en algunas características o determinaciones especiales que no fueron entregadas con claridad en la solicitud ante la Fiscalía. Ahí es donde está la diferencia”.
Sobre lo dicho por el ministro del Interior, Alfonso Prada, en cuanto que la ley 2272 facilita al presidente a entablar estos diálogos con quienes se les reconoce un estatus político, es decir, el ELN, pero también con los otros grupos, Cabello señaló:
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“La ley 2272 estableció que, además de los grupos armados organizados al margen de la ley con visión política, pueden participar ya no en una determinación de conversaciones para llegar a un proceso de paz conforme se hace con los que tienen visión política, sino ya unas conversaciones con estos grupos que se denominan unas estructuras armadas al margen de la ley de alto impacto, pero la misma ley da a entender que con ellos hay que orientarse hacia la mirada de un sometimiento con unas reglas especiales que existen en Colombia”.
Para la procuradora se requiere de alguna caracterización especial sobre las estructuras. “Entonces, no hay claridad en esa ley 2272 que en concepto del fiscal y en concepto de la Procuraduría, quien tenemos que actuar como Ministerio Público ante los jueces penales y la justicia penal, consideramos que se requiere de alguna caracterización especial de quiénes serían esos grupos de crimen organizado de alto impacto y determinar cuáles son, qué características van a tener esos grupos para entrar a conversaciones a efecto de su sometimiento que no han sido claros y, por tanto, no hay una explicación clara en la ley que tiene que definirse o de organización clara por parte del Gobierno sobre cómo va a determinar quiénes son esos grupos para poder ahí sí estudiar la viabilidad de una libertad o levantamiento de una orden de captura”, indicó.
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- Mininterior respondió ante la negativa de la Fiscalía de levantar órdenes de captura a paramilitares
Al igual que lo manifestó el fiscal Francisco Barbosa, la procuradora dice que apoya la paz total, pero insiste en que se requiere una mayor claridad por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“¿Quién no quiere la paz en este país y la paz total?, pero hay reglas constitucionales y la determinación de las libertades es exclusiva, en una democracia como la nuestra, de la rama judicial y para poder acceder a ellos tienen que estar los elementos y los presupuestos procesales y constitucionales claros en la determinación de quiénes son esos grupos, cómo los van a determinar, por qué si ese grupo el Clan del Golfo, Los Pachenca, si hacen parte de esa estructura, cómo va a estar formada esa determinación de la posibilidad de conversar con ellos, por qué conversar igual que con el primer grupo y no las determinaciones claras de lo que es un sometimiento y un respeto por las normas penales, todo eso tiene que estar clarificado antes de entrar a entregar nombres libremente para que sirvan de voceros o de gestores de paz. Ahí es donde está el punto”, anotó.