Hay tensión entre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y el gobierno tras las duras críticas que el presidente Gustavo Petro hizo al tribunal de paz en una carta que envió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. ¿Qué dice la carta y qué pasa con en este cruce de versiones?
En una carta de tres páginas enviada el pasado viernes, 20 de octubre, el presidente Gustavo Petro le dice al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que su compromiso como jefe de Estado es implementar y hacer cumplir el acuerdo de paz firmado con las extintas FARC, pero que hay preocupación por el trabajo que ha venido haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal que se creó tras este acuerdo.
La misiva dice textualmente que: “propiciaré sin escatimar esfuerzo que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cumpla con su cometido: la paz como derecho síntesis. Como jefe de Estado, y en representación del Estado mismo, manifiesto una vez más que haré cumplir el documento oficial 272 del 2017 del Consejo de Seguridad”.
La carta del presidente Petro produjo de inmediato el pronunciamiento de Roberto Vidal, presidente de la JEP, quien habló con Noticias Caracol.
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“En lo que nos distanciamos de la manifestación del gobierno es en la idea de que las funciones que hoy en día ejerce el Ejecutivo respecto a los acuerdos llegaran a incluir en la más mínima forma una orientación, tutoría, órdenes, incluso sugerencias o propuestas del sentido en que la JEP debería tomar sus decisiones ejercer sus fallos. Lo cual choca contra la garantía de la autonomía que tienen que tener los tribunales en un estado de derecho”, acotó.
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El pronunciamiento que emitió el tribunal para la paz produjo una nueva respuesta del canciller Álvaro Leiva, quien en su cuenta de X, anteriormente Twitter, aseguró que: “Comunicado 123 de la JEP, fruto del desconocimiento de su presidente del significado de una declaración unilateral del Estado ante el Consejo de Seguridad. El presidente Gustavo Petro, jefe de Estado, está obligado a cumplirla y hacerla cumplir”.
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Ante esta tensión entre el Gobierno nacional y el tribunal de paz, Noticias Caracol consultó a algunos sectores y exnegociadores. Esto dijeron.
“El gobierno está seriamente comprometido con la implementación del acuerdo de paz suscrito en el 2016, que tiene como uno de sus puntos centrales la realización de la Justicia, la verdad y la reparación para las víctimas. En ese sentido, es también profundamente respetuoso de la independencia del poder judicial, que incluye su respeto a la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz, eso está por fuera de cualquier discusión”, señaló Iván Cepeda, negociador de paz con el ELN.
Por otro lado, el excomisionado de paz Camilo Gómez señaló que la JEP “sin que yo haya sido el más partidario de esa organización, es un órgano autónomo que debe ser respetado por el canciller Leiva y por el presidente Petro”
Cabe destacar que el origen de esta tensión entre el Ejecutivo y el tribunal de paz inició el pasado 11 de octubre, cuando el canciller Leyva aseguró ante el Consejo de las Naciones Unidas que la JEP está descarrilada y que había que corregirla.
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