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Pese a las advertencias de las víctimas y la propia Fiscalía, concierto para delinquir y operación no autorizada ya no serán tomados en cuenta por la justicia.
El italiano Alessandro Corridori es la principal cabeza del descalabro bursátil de Interbolsa, el más grande en la historia del país. Acusado por la Fiscalía de manipular de manera fraudulenta el precio de las acciones de Fabricato, para obtener millonarios dividendos, hoy se encuentra en libertad.
Junto a él están señalados Rodrigo Jaramillo, fundador de Interbolsa y otro de los cacaos de la bolsa; Claudia y María Eugenia Jaramillo, Álvaro Tirado y Tomás Villadiego, procesados por cuatro delitos, dos de ellos que ya no podrá castigar la justicia.
“Nosotros formulamos la imputación desde el año 2013 para el primer grupo y en el 2014 para el segundo; a partir del escrito de acusación, todas las decisiones que se tomen dentro del proceso están en cabeza del juez de conocimiento y no de la Fiscalía”, explica Alexandra Ladino, fiscal del caso.
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La Fiscalía aspira a una pena máxima de 10 años para los implicados, pero tras 6 años de proceso, y cerca de 60 audiencias y 25 aplazamientos para iniciar el juicio, hoy prescribieron 2 de los delitos más graves: concierto para delinquir y operación no autorizada.
Lo que beneficiará a los investigados.
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"Si estuviesen los otros dos delitos pues habría un incremento que puede ser, de acuerdo al real saber y entender del juez de un año o dos años más, que es básicamente lo que se está disminuyendo en este momento por la prescripción", dice la fiscal.
El juicio de este controvertido proceso por la captación de 600 mil millones de pesos de inversionistas se inició el 17 de octubre de este año con un nuevo traspié: la renuncia de defensores de confianza de dos de las cabezas de este escándalo.
El panorama es el mismo en el caso del descalabro del fondo Premium, en el que todos los procesados, incluidos los cerebros, también están en libertad por vencimiento de términos o en detención domiciliaria.
Las alarmas por el vencimiento de algunos delitos, que libra a los implicados de someterse a penas severas, fue advertida al Consejo Superior de la Judicatura por las víctimas en agosto del 2016, cuando aún no se iniciaba el juicio.
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En cuentas de la Fiscalía, con el juez asignado específicamente para este caso, en máximo un mes, se conocerá la suerte de los procesados.
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