La disminución es notable en las matrículas de universidades, tanto públicas como privadas del país, y la preocupación es evidente. “Hay una tendencia a bajar la matrícula, pero que afecta más a las universidades privadas que a las públicas”, indica Alejandro Álvarez, rector de la Universidad Pedagógica.
Marco Tulio Calderón, rector de La Gran Colombia, se apoya con números en mano: “En el año 2016 tuvimos más o menos 16.000 estudiantes. El año antepasado quedamos con 10.500, pero ya para este semestre volvimos a descender y quedamos en 9.500”.
Algunas instituciones públicas, que no tienen costo de matrícula como la Distrital y en donde el ingreso se da a través de un pin que permite que los aspirantes se postulen a tres carreras diferentes, y la Pedagógica, formadora de maestros, reportan que algunos de sus programas tienen cada vez más menos estudiantes.
“Lo que hemos detectado es una baja en la compra de formularios. En la inscripción, tan solo hace unos años se vendían 58.000 formularios, y el año anterior se vendieron 36.000”, manifestó el rector de la Universidad Distrital, Giovanny Tarazona.
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Y aun cuando existe un rezago en los datos disponibles alojados en la página del Ministerio de Educación sobre las cifras de jóvenes matriculados en el nivel superior, pues se tiene solo la actualización hasta 2021-2022. En dichas bases ya se reflejaba la problemática.
Directivos aseguran que los retos son aún más grandes para brindar mejores oportunidades y hacer de las aulas un ambiente innovador. Coinciden en que estos desafíos se agudizarán con el tiempo y que por eso es necesario una reforma al sistema educativo.
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Proyecto de matrícula cero pasa a sanción presidencial
Una iniciativa que parte desde los movimientos estudiantiles se convertirá en ley de la República. Se trata de lograr la gratuidad en la matrícula en todas las universidades públicas de Colombia.
"¿Qué cambia en esta ley? Ya no va a ser por estrato, ahora va a ser por Sisbén, que puede responder digamos de una manera más eficiente, de acuerdo a las necesidades de la población”, explica Isabel Vera, líder estudiantil de la Universidad del Valle.
Sin embargo, será progresivo. Ahora falta la regulación por parte del Ministerio de Educación, pero por lo pronto se priorizarán en primera instancia a aquellos que estén en pobreza extrema, víctimas del conflicto, comunidades étnicas, población en condición de discapacidad, madres cabeza de familia, jóvenes de colegios rurales y quienes pertenezcan al Sisbén IV en categorías a, b y c.
Los recursos serán recogidos desde el presupuesto general de la nación para evitar que la responsabilidad recaiga en las universidades públicas. Este proyecto también busca una permanencia de los estudiantes para evitar la deserción académica.
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