Preocupación por amenazas de disidencias de las FARC contra candidatos a elecciones regionales

Hay rechazo por la amenaza que lanzó en las últimas horas el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC contra los candidatos que hagan política en zonas de Colombia donde fue levantado el cese al fuego por la masacre de los cuatro niños indígenas.

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En cuatro párrafos, las disidencias de las FARC hacen una dura advertencia a los partidos políticos tradicionales de cara a la próximas elecciones de octubre, señalando que los políticos deberán desistir de hacer su trabajo y evitar la compra de votos donde estos grupos criminales hacen presencia. Agregan que no son bienvenidos en esos territorios y serán devueltos al llegar a los puestos de control de este grupo armado ilegal.

El Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, le reprocha al Gobierno nacional el levantamiento del cese al fuego asegurando que no se asumen rupturas apresuradas.

Para expertos en conflicto, este grupo tiene antecedentes en estos actos criminales.

“En 2022, después de las elecciones de Congreso, el Estado Mayor Central asesinó al exalcalde de López de Micay, acusándolo de haber manejado una red de compra de votos. Entonces, esto lo que muestra es que estas amenazas el Estado Mayor Central sí está dispuesto a hacerlas cumplir”, dice Kyle Johnson, investigador en conflicto de Conflict Responses.

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Además, dicen que las intimidaciones son un golpe a la democracia.

“Si vamos a negociar una paz, yo creo que hay condiciones que deberíamos aplicar, no necesariamente para abrir la conversación, pero deben ser la prioridad: apenas que haya esa conversación, tenemos que mejorar la situación humanitaria y obviamente las elecciones hacen parte de este proceso”, señala Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia en Crisis Group.

Según las autoridades, hay garantías para el desarrollo de las elecciones regionales.

“Se han dado instrucciones precisas, en estos momentos, para los 12.929 puestos de votación a nivel país que ya se tienen coordinados, hay una planificación, una logística y pueden estar seguros de que sus Fuerzas Militares y la Policía Nacional están trabajando en ello”, enfatiza el general Tito Castellanos, subdirector de la Policía Nacional.

Desde los partidos políticos hay rechazo y preocupación. Juan Espinal, vocero del Centro Democrático, solicitó a “la Unidad Nacional de Protección para que entreguen todas las garantías tanto físicas como jurídicas a los candidatos”.

A su vez, Carlos Amaya, copresidente del Partido Alianza Verde, indicó que este “es un ataque grave a la democracia y debe ser enfrentado con toda contundencia por parte del Estado, el Gobierno debe garantizar la seguridad de todos y cada uno de los candidatos”.

La solución, a juicio de expertos, de cara a los próximos diálogos con el Estado Mayor Central será poner reglas y condiciones claras con este grupo armado ilegal.