Se suspendió la audiencia de llamado a juicio contra los implicados por el desfalco de 70.000 millones al Ministerio de la TIC. Sin embargo, se conoció el primer preacuerdo que adelantó la Fiscalía con uno de los involucrados en el escándalo de la unión temporal Centros Poblados.
La primera negociación que pactó la Fiscalía fue con Juan José Laverde, exdirectivo de la empresa Rave Seguros, y quien al parecer fue una de las personas que tramitó las garantías bancarias falsas necesarias para que Centros Poblados se adjudicara el millonario contrato con el Ministerio de las TIC.
El preacuerdo establece que Laverde acepta los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal y se compromete a pagar una multa de 200 salarios mínimos y, a cambio, se le da una rebaja en su condena, quedando pactada en cuatro años de cárcel.
El presente preacuerdo se suscribe debido a la colaboración que ha brindado dentro de este asunto y, como quiera que mediante la suscripción de este preacuerdo, el procesado se compromete a ser testigo de cargos en sede de juicio oral en contra de los señores Emilio José Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y demás personas vinculadas en las otras etapas de la investigación caso MinTIC
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En interrogatorio ante la Fiscalía, el 6 de agosto del año pasado, Laverde contó cómo habría sido el trámite para conseguir las garantías.
Laverde: la solicita el señor Alfredo Amín, nos hace una solicitud de la póliza.
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Investigador: ¿quién es Alfredo Amín?
Laverde: Yo conozco Alfredo... él sabe de armar ofertas y es una persona que representa algunas empresas
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La Fiscalía también pidió que Laverde reintegre 186 millones de pesos con los que habría logrado un incremento patrimonial tras el desfalco al MinTIC.
Se pudo establecer que el señor Juan José Laverde Martínez obtuvo incremento patrimonial producto de sus actividades ilícitas en cuantía de $186.739.959, de los cuales ha reintegrado a la fecha 02-03-2022 $80.000.000, a través de la cuenta de depósitos judiciales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, comprometiéndose a cancelar el saldo restante en el menor tiempo posible
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La pena tasada por los dos delitos sería de aproximadamente siete años, sin embargo, con este preacuerdo se reduce a cuatro años de cárcel. Tal negociación deberá ser avalada por un juez de conocimiento.
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