En disturbios terminó lo que comenzó como una manifestación pacífica en la capital antioqueña. Ciudadanos salieron a marchar por la falta de garantías y ayudas a la población vulnerable, por parte del Gobierno Nacional, durante la cuarentena por el coronavirus.
A pesar de las restricciones para evitar la propagación del virus, hubo aglomeraciones y se registraron afectaciones a infraestructuras bancarias. Más de 20 establecimiento fueron atacados.
"Ellos se juntaron, estaban haciendo su protesta normal y se fueron caminando para el sector de El Hueco para arriba y allá fue donde se prendió. La Policía los comenzó a corretear", relató Robert Martínez, habitante de Medellín.
Cerca de 45 personas que participaron en la protesta fueron capturadas por la Policía.
Publicidad
Uno de los ejemplares de los carabineros fue lesionado por uno de los manifestantes en Antioquia.
"Uno de estos vándalos afectó directamente al animal. Ya se están instaurando las denuncias correspondientes", indicó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Publicidad
Siete capturados en Bogotá por desmanes
Entre tanto, en la capital del país, donde también hubo manifestaciones y afectaciones a estructuras por los desmanes, siete personas fueron capturadas y otras 103 conducidas a centros transitorios como medida preventiva.
"Se presentaron seis concentraciones y marchas, algunas de ellas desafortunadamente terminaron en actos vandálicos y violentos, fueron afectadas dos estaciones de Transmilenio y establecimientos financieros. Fueron detenidas 103 personas, 12 eran menores y fueron entregados a sus papás", señaló Hugo Acero, secretario de Seguridad de la ciudad.
Pero, ¿por qué se permiten este tipo de protestas en medio de una pandemia?
Publicidad
"Constitucionalmente en Colombia la movilización social no se autoriza ni se desautoriza, ¿qué quiere decir? Que no se requieren permiso ni autorizaciones, es un proceso natural y un derecho ciudadano. Lo cierto es que, en medio de una pandemia, es un espacio riesgoso para quienes pueden participar", explicó Andrés Nieto, experto en seguridad.
Los académicos también aclararon que quien participe en estas manifestaciones y sea capturado, procesado y condenado por propagar el virus, se expone a una pena de prisión de entre cinco a 10 años.