Para el exsuperintendente Jorge E. Sánchez, aunque los hallazgos de este fueron desoídos por Corficolombiana, sí fueron clave para sanción de la Superindustria.
“Hoy, sabiendo todo lo que sabemos de cuáles eran las prácticas de Odebrecht, pues uno por supuesto no puede evitar imaginar que acudían a todo tipo de mecanismos para obtener la asignación del contrato, hasta cosas legales”.
La sentencia es del exsuperintendente delegado Jorge Enrique Sánchez, el investigador que durante años documentó la trama de irregularidades en el millonario negocio de la Ruta del Sol por parte de Odebrecht y su socio Corficolombiana. Las pruebas fueron tantas y tan contundentes que el 13 de septiembre pasado la Superintendencia de Industria y Comercio formuló cargos.
Según Sánchez, el testimonio del fallecido Jorge Enrique Pizano, como auditor interno del negocio, fue clave para asignar responsabilidades.
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“A él le llamaba la atención que había unos pagos que se estaban haciendo con todo tipo de irregularidades, incluso pagos que se estaban haciendo de contratos que no estaban firmados”, señala el exsuperintendente.
Sin embargo, los hallazgos de Pizano fueron desoídos y a nadie le importaron en Corficolombiana.
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El propio Pizano dejó esa constancia en un documento en poder de Noticias Caracol, con fecha de enero de 2017:
"Las respuestas de la administración a las solicitudes de información por parte del controller para el cumplimiento de sus tareas respecto a aspectos presupuestales, contables y de contratación fueron limitadas, para no decir que nulas".
Por supuesto su función no era, y así lo aclaró varias veces, la de establecer el pago de coimas o el pago de sobornos por cuenta del contrato, pero sí llamar la atención en cuanto a que había unos contratos que parecían fachada a través de los cuales se estaban desviando unos recursos.
En ese rastreo y a pesar de los múltiples obstáculos que enfrentó, Jorge Pizano develó el camino de los contratos fantasmas por el cual se pagaron coimas millonarias, como al exviceministro Gabriel García Morales, que recibió 6,5 millones de dólares.
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“Hay pagos de la concesionaria que obedecen a la misma mecánica con la que se le pagó a Gabriel García y que suman más de 50 mil millones de pesos que hoy nadie sabe si eran o no sobornos ni quienes eran sus beneficiarios”, dice el exsuperintendente.
Cincuenta mil millones de los que poco se sabe.
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Hoy solo Gabriel García y el exsenador Bernardo ‘el Ñoño’ Elías purgan condenas como beneficiarios de estos hechos. Pero: ¿por qué nunca nadie hizo nada con las acusaciones de Pizano?
“Unos profesionales en hacer negocios no les ocurre que durante cuatro años vean saqueadas las cuentas del concesionario en el que son socios y que no tomen ninguna medida pasado tanto tiempo y con tantas advertencias”, dice Sánchez.
El testimonio de Pizano fue piedra angular del caso y así se lee en la resolución de la Superindustria de septiembre pasado. En el documento se advierte un escenario inédito sobre el acuerdo confidencial que firmaron Odebrecht y Corficolombiana para no demandarse mutuamente.
Dicho acuerdo contemplaba la creación de una gerencia para tramitar las irregularidades detectadas.
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Según Jorge Pizano, "ese comité de gerencia de inconformidades, hasta donde yo estuve, no funcionó para nada (…) eso era un saludo a la bandera (...) es como decir: no vamos a tomar más trago en la casa y el trago lo tienen entre el carro, van y se toman el trago ahí".
Dicho en cristiano, para Jorge Pizano no se tomaron en cuenta sus denuncias ni siquiera después del escándalo. Pero sí se habrían simulado estos acuerdos para que al interior del concesionario quedara la sensación de que todos se estaban haciendo ‘pasito’.
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La investigación de Jorge Sánchez resulta demoledora en evidenciar el botín desde el cual se sacaron las coimas del caso.
Esas advertencias fueron las que documentó Pizano. Evidencias que sí tuvo en cuenta la Superintendencia de Industria, pero que a la Fiscalía, al parecer, no le interesaron pues nunca lo llamó a declarar.
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