Los sindicatos del Inpec dicen que están trabajando "con las uñas" para evitar que presos sigan extorsionando desde los centros de reclusión. La utilización ilegal de celulares en las cárceles y la inoperancia de los inhibidores de señal ha permitido que continúe este delito desde los centros penitenciarios.
"Nosotros hemos denunciado desde hace como 8 años la inoperancia de los inhibidores de señal que contrataron por medio de la Unidad de Servicios Penitenciarios. Eso fue un elefante blanco, fue uno de los robos más descarados del país, del gobierno anterior", aseguró Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
De acuerdo con el sindicato, se debe robustecer los controles para evitar el ingreso de cualquier dispositivo: "Nosotros siempre hemos dicho que es más fácil para controlar los elementos prohibidos, tener controles de ingreso y más cámaras tecnológicas. Debieron haber invertido más en eso para evitar el ingreso de estos celulares”.
Y es que son cerca de 30 reclusos que lideran el negocio de la extorsión y que están identificados por el Inpec. El olvido del Estado, dice el sindicato, es un aspecto que dificulta el control.
“Eso se debe al abandono total del Estado, parecemos la cenicienta, la que tiene que barrer, trapear y todo, pero cuando existen los problemas nos los echan todos en la cara, pero no se tiene en cuenta que trabajamos con las uñas”, según Adolfo Penagos, presidente sindicato STPC Inpec.
Para el Gobierno, la estrategia debe apuntar a inhibir la señal de los teléfonos y aumentar los operativos de control en las cárceles.
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“Con el Ministerio de Telecomunicaciones estamos trabajando en cambiar el esquema de interferencia de señal para generar un esquema más acorde con las innovaciones tecnológicas que nos permita tener más control”, señaló Camilo Umaña, viceministro de Justicia.
El Inpec reconoció la necesidad de poner a funcionar miles de cámaras que están fuera de servicio en las cárceles.