Por cuarto día consecutivo continúan los paros minero y campesino en Colombia. Los manifestantes han bloqueado las vías de siete departamentos, por lo que en varios puntos empieza a haber escasez de alimentos y de combustible. Los más afectados son Antioquia, Norte de Santander, Santander y Boyacá.
En tres carreteras de Santander hay cinco bloqueos que han establecido los agricultores de los páramos de Santurbán y de Berlín, provocando que no haya paso de vehículos entre Bucaramanga y Cúcuta, así como en la conexión Bucaramanga-San Gil-Málaga. Los pasajeros deben tomar rutas alternas por el Magdalena Medio y Zapatoca.
La protesta fue convocada por la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano, quienes están en contra de la delimitación de los páramos, la frontera agrícola, las zonas de reserva temporales y la Ley de Páramos, pues creen que esas medidas afectarán la producción agropecuaria y la economía no solo de estas poblaciones sino de todo el país.
Productos han subido de precio por los paros minero y campesino
La imposibilidad de llevar a su destino los alimentos ha causado que algunos, como la fresa y la cebolla, empiecen a subir de precio. Productos como leche, tomate y papa, entre otros, están escaseando. En 10 municipios de Boyacá hay desabastecimiento de combustible y la Termopaipa-Gensa tan solo tiene carbón para generar electricidad por dos semanas.
El paro minero y de campesinos entró en su cuarto día con graves efectos en el transporte de alimentos y combustibles, lo que deriva en escasez de esos productos en algunas ciudades y municipios. ¿Cuál es el panorama? Le contamos.
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 24, 2024
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Lo que exigen mineros para levantar el paro
Yarley Marín, vicepresidente de la mesa minera de Segovia, Antioquia, uno de los departamentos más afectados por el paro, le dijo a Noticias Caracol en vivo
que a su manifestación se une la Coordinadora Nacional Minera, “en la que tenemos más de 35 mil personas en 7 departamentos”.
Según él, “mineros y campesinos se ven afectados por el decreto 044 y por el tratamiento a la problemática de la minería ancestral y territorial”, por lo que expuso el pliego de peticiones que espera discutir este jueves 24 de octubre con el ministro de Minas, Andrés Camacho.
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Entre los puntos está “proteger la vida de los líderes y no criminalizarlos”, ya que “nos vinculan con grupos al margen de la ley”. Así mismo, exigen avanzar en los procesos de legalización de los mineros, un reconocimiento diferencial para los mineros ancestrales y territoriales, “no nos dejen por fuera, no pueden eliminar una cultura por proteger el medio ambiente, nosotros somos parte del medio ambiente y queremos cuidar esas áreas que se deben proteger”, explicó.
El líder, además, exigió “que se socialice con los mineros los cambios de las propuestas de la regulación minera, lo que tiene que ver con maquinaria amarilla. Hoy tener un equipo no nos convierte en criminales. No podemos cambiar los usos del suelo de un plumazo y exterminar a la minería porque usan equipos mecanizados”, expresó.
El Gobierno nacional, por su parte, anunció una mesa de diálogo con mineros y campesinos que espera instalar este jueves. "Tenemos una delegación ya de más de 20 funcionarios (...) para atender las reivindicaciones de los y las protestantes", dijo la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.
"Estamos a la espera de poder instalar mesas de diálogo con los mineros tradicionales del Bajo Cauca, una región donde llevamos dos años discutiendo cómo avanzar en la formalización de los mineros, mientras enfrentamos el reto de desmantelar las economías ilícitas que están causando una grave afectación al río Cauca", afirmó la funcionaria.
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Recordó los impactos ambientales del uso desmedido de dragas y la contaminación por mercurio que afecta al ecosistema fluvial. "Debemos encontrar un equilibrio entre la formalización de la minería tradicional y la protección de nuestros recursos naturales. El uso del suelo y la propiedad tienen una función ecológica y social según nuestra Constitución, y los acuerdos deben garantizar tanto los derechos al trabajo como la preservación ambiental", señaló.