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Una fuerte polémica jurídica se desató por la libertad de dos integrantes de la primera línea hace una semana. La Procuraduría interpuso una queja contra la coordinadora del centro de servicios judiciales de Paloquemao que concedió el beneficio.
Según la Procuraduría, fue irregular la forma en que Adriana Bermeo Súa y Santiago Márquez habrían salido de la cárcel, teniendo en cuenta que la que otorgó la libertad fue la coordinadora del centro de servicios de Paloquemao cuando tenía que ser un juez de la República.
Adriana Bermeo Súa y Santiago Márquez, señalados miembros de la primera línea, estaban en la cárcel tras ser judicializadas por alteraciones al orden público en el pasado paro nacional.
“Nosotros consideramos que la juez no tenía competencia para hacerlo, que no publicitó ni permitió el acceso al proceso a las partes y a la Procuraduría y, por último, que la decisión debía ser sometida precisamente a un juez de control de garantías en donde los argumentos de las partes y la decisión fuesen objeto de algún tipo de valoración e incluso de contradicción", indicó Jairo Acosta, procurador delegado en asuntos penales.
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Acosta agregó que la decisión se tomó a puerta cerrada por esta funcionaria y en ningún momento se llamó a la Fiscalía, las víctimas o la Procuraduría, para debatir si estas personas podían tener acceso al servicio de la libertad.
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