El cementerio Las Mercedes en el municipio de Dabeiba, Antioquia, se convirtió en la piedra angular para reconstruir un pasado doloroso y cruel: el de los falsos positivos. Un cementerio en donde se puede decir que sus muertos hablaron. Por estos hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le imputó crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad a 10 militares.
“Allí están los restos de las víctimas de estos delitos execrables de desaparición forzada y homicidio en personas protegidas”, señaló Eduardo Cifuentes, magistrado de la JEP.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz, los homicidios tuvieron la venia de militares del batallón de contraguerrilla Arhuacos y la Brigada Móvil 11, muchos de ellos, ocultos en la impunidad por años, hasta que la verdad salió a flote.
“El soldado impacta al muchacho, pero no logra hacer que fallezca y el mayor, él mismo, toma la ametralladora y lo remata”, contó Fidel Ochoa, exintegrante del Ejército.
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Era una alianza con los paramilitares, según documentó la JEP, y de la cual tenía conocimiento el entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, general Mario Montoya.
“La orden de operaciones que terminó con el asesinato y la desaparición forzada de Édison Alexánder, esa orden de operaciones viene de una unidad militar que depende directamente del comandante de la Cuarta Brigada. Igualmente, está en el auto que el resultado de la operación Mongolia le fue reportado directamente al general Montoya y que él era el encargado de adelantar las investigaciones disciplinarias para determinar sí existían responsables”, explicó Alejandro Ramelli, magistrado de la JEP.
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Las víctimas fueron muchas: campesinos, población vulnerable, incluso un subteniente que se negó a ser cómplice del horror.
“Fue asesinado por las propias tropas por negarse a participar”, indicó Nadiezhda Henríquez, magistrada de la JEP.
En este caso ya se han podido recuperar 49 cuerpos, de las cuales 11 ya fueron identificados.
“Hemos venido trabajando articuladamente, hemos venido siendo muy cuidadosos con nuestro desarrollo forense, con nuestra responsabilidad forense, en un trabajo que aún no hemos terminado”, manifestó Jorge Arturo Jiménez, director de Medicina Legal.
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