Por corrupción, Procuraduría destituyó e inhabilitó a Samuel Moreno por 18 años

Este es el comunicado expedido por la Procuraduría en el caso:“En ejercicio de su función disciplinaria y durante la actual administración de Alejandro Ordóñez Maldonado, la Procuraduría General de la Nación ha sancionado a más de 2.500 funcionarios de elección popular por hechos de corrupción, ineficiencia y faltas administrativas a la gestión pública. Entre ellos se incluyen más de 20 congresistas, 82 gobernadores, 1.500 alcaldes, 1.048 concejales y 22 diputados.En el caso conocido como “carrusel de la contratación” en la ciudad de Bogotá, la Procuraduría ha adelantado procesos disciplinarios que han llevado a sanciones en firme a más de 20 funcionarios públicos de primer nivel jerárquico y directivo.Entre ellas, vale la pena recordar la destitución y 20 años de inhabilidad al senador Iván Moreno Rojas; destitución y 12 años de inhabilidad al representante a la Cámara Germán Olano Becerra; destitución y 20 años de inhabilidad al contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi; y las destituciones a los concejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado y José Juan Rodríguez, imponiéndoles inhabilidades para ejercer cargos públicos por 11, 16 y 13 años, respectivamente.Otras determinaciones que ha tomado la Procuraduría han sido contra el entonces secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano (destitución y 16 años de inhabilidad); a la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona (destitución y 11 años de inhabilidad); y al entonces director técnico y jurídico del IDU, Inocencio Meléndez (destitución y 11 años de inhabilidad) y a más de 10 funcionarios de esta Entidad.Por hechos de ineficiencia administrativa, ante el colapso de la movilidad y frente a la grave situación que en su momento se vivió en la administración distrital, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, en el año 2011, suspendió y ordenó inhabilidad especial por el término de 12 meses contra el alcalde mayor de la capital colombiana, Samuel Moreno Rojas.En virtud de la anterior decisión, el despacho del procurador general inició un nuevo proceso para investigar la cesión del contrato 137 de la Fase III de Transmilenio que el ‘Grupo Nule’ le hizo al Grupo Empresarial Vías de Bogotá (Conalvías), en el que, presuntamente, el entonces mandatario distrital, Samuel Moreno Rojas, tenía intereses directos e ilegales de dicha cesión.La investigación que se llevó a cabo fue completa y pormenorizada con más de 5 mil folios que componen el expediente. En ella aproximadamente fueron escuchadas 40 personas.También se recopiló abundante material documental producto del traslado de pruebas de la Corte Suprema de Justicia y de los diferentes juzgados penales que en la actualidad investigan los mismos hechos; solo hasta hace un año de la Fiscalía General de la Nación (a pesar de que muchos testigos ya habían declarado allí y comprobado los hechos de corrupción del alcalde Moreno Rojas); de la Contraloría General de la República y del Tribunal de Arbitramento que conoció la demanda presentada por Conalvías contra el IDU por la ejecución del contrato de la calle 26.Después de practicadas y analizadas las pruebas referenciadas, el procurador probó, en grado de certeza, la intervención de Samuel Moreno Rojas en la cesión, en donde fue determinante la declaración de Inocencio Meléndez Julio, jurídico del IDU, quien afirmó que los directores del Instituto de Desarrollo Urbano no hacían nada sin la previa autorización del entonces alcalde mayor de Bogotá.Igualmente, se determinó que a través de maniobras de engaño y presión, Liliana Pardo Gaona, directora del IDU para la época de los hechos y actual prófuga de la justicia, impidió que otras empresas pudieran participar en igualdad de condiciones en la negociación de la cesión, la cual el Grupo Nule le hizo a Conalvías, a pesar de que ese grupo empresarial no cumplía con las condiciones jurídicas y financieras. Cabe precisar que, a pesar de las falencias antes mencionadas de Conalvías, el IDU, con la intención de favorecer a este grupo empresarial, las avaló.La cesión del contrato se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Tequendama el 18 de febrero del 2010, con la activa participación de Samuel Moreno Rojas, quien direccionó ese acto para que se cediera el contrato única y exclusivamente a la promesa de sociedad futura Vías de Bogotá, cuyo principal accionista era Conalvías, que para esa fecha no estaba habilitada ni jurídica ni financieramente para adelantar las obras de Transmilenio en lo que correspondió a la Fase III de la calle 26.Una vez hecha la cesión, el IDU procedió a modificar las condiciones del contrato, en precio, plazo y disminución de obra, a través de otrosíes que se firmaron entre febrero y octubre de 2010, los cuales generaron unos sobrecostos que favorecieron en más de 190 mil millones de pesos a Conalvías.Además, la investigación demostró en grado de certeza que el Grupo Empresarial Vías de Bogotá no devolvió los más de 28 mil millones de pesos al IDU del anticipo del contrato, ya que Liliana Pardo Gaona, como directora general del IDU, determinada por Samuel Moreno Rojas, omitió el cobro por dicho monto a Conalvías.Por último, este complejo y minucioso proceso de investigación disciplinaria arroja como resultado probado que el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, se interesó ilegalmente en el acto de cesión con el que se favoreció a Conalvías por un contrato por valor de 218 mil 352 millones de pesos, aproximadamente.Está probado de manera suficiente y concreta que Samuel Moreno Rojas fue quien hizo nacer la idea de la transgresión de la ley tanto en Liliana Pardo Gaona como en Néstor Eugenio Ramírez Cardona, también exdirector del IDU, por lo que actuó como determinador.Por lo tanto, en una nueva decisión de la Procuraduría General de la Nación en el denominado “carrusel de la contratación”, el despacho del procurador general de la Nación sancionó hoy por corrupción con destitución del cargo e inhabilidad por dieciocho (18) años al señor Samuel Moreno Rojas, en su condición de alcalde de Bogotá.Finalmente, en esta decisión se ordenó expedir copias de la actuación para que la Fiscalía General de la Nación investigue la conducta de Andrés Jaramillo, representante legal de Conalvías, pues, de acuerdo a la investigación, esta persona también fue artífice de los hechos de corrupción por los que se sancionó al señor Moreno Rojas”.