Autoridades informaron que fueron separados de sus funciones 10 de los soldados del pelotón que está en Bocas de Manso, vereda de Tierralta, Córdoba, por tras las intimidaciones de las que fueron víctimas los habitantes de una comunidad indígena.
La Inspección General de la institución ya había identificado el miércoles 13 de septiembre a un teniente, que está desde el 2018 en la fuerza, un sargento viceprimero y un cabo como los presuntos responsables de las amenazas contra los ciudadanos.
La separación de los 10 soldados del pelotón se da horas después de que fuera atacado a tiros el helicóptero en el que viajaba una comisión integrada por 20 delegados de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el ICBF, que se desplazaba vía aérea hasta la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, para verificar los ataques y amenazas de la que fue víctima una comunidad indígena a manos de militares que dijeron ser disidentes de las FARC.
Según la fuerza castrense, el Clan del Golfo se atribuyó dicho ataque.
El Ejército abrió una investigación disciplinaria contra los militares que intimidaron a los habitantes del caserío, una situación que fue rechazada desde varios sectores del país.
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Al respecto, el Gobierno calificó de "suma gravedad" lo sucedido el lunes pasado cuando, según se ve en videos publicados en redes sociales, los hombres, que se cubrían el rostro con capuchas, intimidaron a la comunidad de Bocas de Manso, tras lo cual "se ordenó el desplazamiento de una unidad militar para brindar seguridad a los habitantes de este sector", detalló el Ejército en un comunicado.
"De la misma manera se dio aviso a las autoridades competentes y se iniciará la indagación disciplinaria correspondiente", agregó el Ejército, que añadió que "rechaza este tipo de comportamiento, el cual es claramente incorrecto y no representa los principios y valores enseñados en las escuelas de formación del Ejército Nacional".
En los videos se ve a la comunidad -en la que hay personas incluso con niños de brazos- discutiendo con los hombres armados y pidiéndoles que se identifiquen, cosa que los militares no hicieron.
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En ese sentido, el Ejército detalló que "una vez hacen presencia las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 'Batalla de Junín', de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional".
El senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, aseguró que en la zona donde ocurrieron los hechos solo opera el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
"La supuesta presencia de disidencias es poco probable, a no ser que exista un pacto con el Clan, lo cual es poco probable. La otra opción es una suplantación lo cual sería terrible", escribió Ávila en sus redes sociales.
Por su lado, el presidente Gustavo Petro dijo en redes sociales que "volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública".
"Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo Ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos", agregó.
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