La difícil situación de orden público en varias regiones de Colombia ha llevado inclusive al desplazamiento forzado
de alcaldes, que se han visto obligados a alejarse de sus tierras por miedo a las amenazas de los grupos armados. Aseguran que no hay garantías para la vida, mucho menos para el trabajo.
Por ejemplo, en el departamento del Chocó, los alcaldes de los municipios de Río Iro, San José del Palmar, Sipí y Bagadó están en la mira de los violentos, así como los mandatarios de Tarazá y El Bagre, municipios de Antioquia.
En el departamento de Norte de Santander, los alcaldes de Tibú y La Playa viven este flagelo, como lo padecen en Magüí Payán, en Nariño; Puerto Guzmán, en Putumayo; Cartagena del Chairá, en Caquetá, y Villeta, en Cundinamarca.
Algunos de estos alcaldes están despachando desde las capitales o desde Bogotá. Están teniendo que inaugurar obras a través de redes sociales o por medio de llamadas telefónicas.
“Gobernar desde el exilio es muy complejo para nosotros como mandatarios que fuimos elegidos para estar en los territorios, para estar con la comunidad. Es triste como alcalde que no pueda estar en el municipio debido a las situaciones de orden público, a no tener garantizado el ejercicio de seguridad para poder garantizarle a mis electores la gobernabilidad”, manifestó Edilberto Molina, alcalde de Cartagena del Chairá.
Estos alcaldes exiliados aseguran que, mientras ellos tienen que desplazarse, son los grupos armados los que inauguran obras. “La perspectiva es volver a territorio, estamos observando qué podemos hacer para regresar allí, pero no es causar un reto a los grupos armados, sino que ellos entiendan que nosotros los alcaldes estamos es para administrar un municipio y para llevar apoyos a las comunidades”, dice Nelson Leal, mandatario de Tibú.
Los alcaldes piden, en el marco de la paz total, que ellos tengan garantías, especialmente ahora que se avecinan las campañas para las elecciones de mandatarios locales y de gobernadores.
Otro de los mensajes enviados al Gobierno nacional, a propósito de este tema, fue el emitido por Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia. “La paz total tiene enormes vacíos, la paz total ha demostrado que tiene falencias que están aprovechando los grupos al margen de la ley para eso, para incrementar sus actividades ilegales y expandirse en los territorios, para aumentar el reclutamiento de menores y el reclutamiento en general", aseguró.
En un taller que se llevó a cabo el pasado fin de semana, los gobernadores de Colombia afirmaron que se han incrementado delitos como el secuestro, la extorsión y el reclutamiento.
"Con el ministro de Defensa, el comisionado de Paz, el viceministro de Justicia, clamamos, porque eso es lo que sentimos en los territorios, por ese rediseño y ese redireccionamiento, porque no cabe la menor duda, lo escuchamos en todos los departamentos, que hay un incremento de las actividades de estos grupos, incremento del secuestro, incremento de la extorsión, y que ese incremento ha sido, en gran medida, producto de esas falencias de esos vacíos a partir del primero de enero de la paz total", indicó Aníbal Gaviria.
Aclaró que "es una posición generalizada" de todos los mandatarios y no tiene tintes políticos, como algunos sectores han señalado.
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