La Fiscalía General de la Nación consiguió que a nueve policías los judicializaran porque habrían participado en la detención ilegal, tortura y asesinato de dos ciudadanos el 30 de junio de 2022, en el departamento de Córdoba.
Las investigaciones establecieron que las dos víctimas iban en un bus con destino a San Onofre, Sucre. En una estación de servicio de dicho municipio, los dos hombres fueron obligados a subir a vehículos oficiales de la Policía, en donde ocurriría la tortura y asesinato de ambos. Sus cuerpos fueron encontrados en un basurero de San Nicolás de Bari, zona rural de Lorica, Córdoba.
Previo al crimen, los policías adscritos al Gaula de Sucre, cometieron, presuntamente, varias irregularidades. El 29 de junio de 2022, un día antes del crimen, luego de reportarse un ataque contra un Policía en Betulia, Sucre, cuatro de los policías judicializados habrían realizado vigilancias en la casa de una de las víctimas, sin ningún tipo de orden judicial. También le incautaron, al parecer, de manera ilegal, el teléfono a uno de los hombres para seguir totos sus movimientos.
El 30 de junio, ocho de los uniformados, que en ese momento pertenecían al Gaula, se dirigieron al terminal de transporte de Sincelejo y se habrían comunicado con la unidad de tránsito para que pararan el bus en donde iban los dos hombres y una de sus parejas. En el peaje La Esperanza, entre Sincelejo y San Onofre, el bus fue detenido y la mujer obligada a bajar con la excusa de que sus documentos eran irregulares.
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El vehículo continuó su camino y, kilómetros más tarde, hizo una parada en la estación de servicio San Onofre, en donde descendieron las víctimas. En dicho lugar, los dos hombres habrían sido obligados a subir a vehículos oficiales de la Policía, de los cuales, a uno le cambiaron las placas por unas falsas. Dentro de los carros, los dos individuos fueron amarrados, golpeados y heridos con armas de fuego hasta causarles la muerte, según las indagaciones .
Los rastreos de las señales de los celulares de los nueve policías y los registros de las cámaras de seguridad los sitúan en varios de los lugares transitados por los dos hombres hasta el sitio exacto en el que fueron dejados sus cuerpos, que fueron hallados el 1 de julio de 2022. Por todo lo anterior, un fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial les formuló cargos a los procesados.
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Por petición del ente acusador, los 9 uniformados recibieron medida de aseguramiento en un centro carcelario.