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La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a un policía y a su familia, tras determinar que su vida estaría en inminente riesgo por las constantes amenazas de muerte provenientes de sus superiores.
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La solicitud que hizo este patrullero de la Policía Nacional empezó cuando se vio en inminente riesgo de muerte.
Al parecer, dos de sus superiores, subintendentes en cargo, le confiaron material explosivo a este patrullero para posteriormente ser entregado a miembros de la guerrilla del ELN, ubicados específicamente en Norte de Santander.
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El patrullero, al descubrir que este material iba directamente para la guerrilla, se negó a entregárselo. Es por eso que hizo una denuncia ante la Fiscalía y ante la Dijín, entregando todo lo que estaba en su poder.
Ese es el momento en el que comenzaron las constantes llamadas y correspondencias sobre atentar contra su vida. El uniformado pidió ayuda internacional, debido a que los organismos nacionales como la Unidad Nacional de Protección (UNP) e incluso la misma Policía Nacional se negaron a ayudarlo y, por supuesto, a protegerle su vida.
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