Pliego de cargos contra exalcalde de Tierralta por no brindar debida protección a lideresa asesinada

Tras cuatro años del asesinato de María del Pilar Hurtado, lideresa social de Tierralta, Córdoba , se anunciaron acciones contra funcionarios públicos que no tomaron medidas pertinentes para brindarle protección.

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Por presuntamente desatender las denuncias de María del Pilar Hurtado, asesinada el 21 de junio de 2019, la Procuraduría formuló pliego de cargos al exalcalde de Tierralta Fabio Otero y su secretario de Gobierno, Willington Ortiz, al no brindar la debida protección ante el riesgo de muerte en el que se encontraba la lideresa social.

“Ella es amenazada en un panfleto el primero de junio del 2019, se celebró un consejo de seguridad, pero transcurridos 20 días no se adoptaron las acciones necesarias que podemos corroborar cuando ella es lamentablemente asesinada", dijo Javier Sarmiento, procurador delegado para los derechos humanos.

María del Pilar Hurtado fue asesinada a los 34 años de edad y su muerte consternó a Colombia, pues fue ultimada frente a su hijo, convirtiéndose en uno de los crímenes a líderes sociales más crudos perpetrados por el Clan del Golfo.

A cuatro años de su muerte, Manuel Berrío, esposo de María del Pilar, asegura que el Estado los olvidó.

“Yo estuve viviendo en Tierralta, Córdoba, soy de allá. Allá me mataron a mi esposa y me tocó salir de allá, dejando todo. El Gobierno dijo que me iba a ayudar, que me iba a amparar y nada, todo se ha quedado ahí”, aseguró Manuel Berrío.

Según cifras de Indepaz, en lo corrido del 2023 van 78 líderes sociales asesinados y desde la firma de los acuerdos de paz se suman 1.487. Para muchos de ellos, el olvido del Estado ha sido la gran causa de asesinatos y le piden al Gobierno nacional acciones concretas, como las que tomó la Procuraduría contra los funcionarios públicos en Tierralta.

“No es fácil ser líder social, ser la voz de los demás… las medidas que tiene la Unidad de Protección no son efectivas y eso tenemos que decirlo, unas medidas blandas que le dan a uno”, afirmó Julieth Guzmán, líder social de Tierralta.

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Como Julieth, varios líderes sociales en Córdoba aseguran que las acciones de protección del Estado son insuficientes.

“En el caso mío, me dieron un carro convencional normal, que, entre otras cosas, de segunda, usado, que se queda en la vía a veces varado, que nos ha dejado prácticamente tirados y no tiene los requisitos de protección”, sostuvo Julieth Guzmán.

Según la Procuraduría, los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Córdoba y Norte de Santander, regiones en donde se ha registrado un aumento en las hectáreas de cultivo de coca, son las más violentas para líderes sociales.