Pesadilla de conductor que iba de paseo y le llegaron cinco fotomultas de la Ruta del Sol

En el 2015, Libardo Espitia viajó a la costa Caribe y en un lapso de tan solo 97 kilómetros le impusieron cinco fotomultas aparentemente por exceder la velocidad.“Lo más inaudito es que las cinco cámaras estaban calculadas a 40 kilómetros, yo iba a 50 o 55, ni siquiera iba a 60, estamos hablando de la ruta 25, que es la vía oriental de occidente, que una es una vía de orden nacional, es de (límite de) 80 kilómetros”, dijo.En el 2017, dos años después de imponerle los comparendos, Libardo se enteró de la existencia de las mismos, cuando de su cuenta bancaria le empezaron a descontar el dinero para pagarlos.“En ningún momento fui comunicado, no tuve conocimiento, no puede impugnar, no pude ni siquiera un descuento, nada, por mano derecha (me descontaron una) multa 344 mil pesos que suman 1’700.000 pesos”, aseguró.Las sanciones se convirtieron en casi 4’000.000 de pesos por los intereses, sin que Libardo pudiera al menos impugnar.En esa misma situación se encuentran muchos colombianos a quienes les han impuesto foto comparendos, muchos de ellos en desacato de lo ordenado por la Corte, que estableció que los comparendos se le deben aplicar al infractor y no al dueño del vehículo, o se los han impuesto aunque en las vías no haya señalización, los equipos no estén calibrados o porque no los han notificado.La Superintendencia de Transporte ya inició varias investigaciones."Ya son 14 los organismos de tránsito que son investigados por la Superintendencia, que están siendo investigados por infringir la regulación para poner en marcha estos sistemas de fotodetección”, dijo Camilo Pabón Almanza, el superintendente de Transporte.Pero además expidieron un documento para que los colombianos sepan cómo actuar ante un comparendo injusto.“Cuáles son los mecanismos que tiene para presentar sus defensas en los organismos de tránsito cuando no estén de acuerdo con los fotocomparendos”, indicó el superintendente.Algunos colombianos además se quejan de lo engorroso que puede ser establecer una impugnación, al punto que prefieren pagar la infracción, así no la hayan cometido.