Penas a máximos jefes de la FARC por secuestros revive debate

La resolución que proyectó la JEP contra los máximos exjefes de la extinta guerrilla de las FARC en la que pagarían hasta 8 años de sanciones por más de 21 mil secuestros con proyectos de reparación revivió el debate en el país.

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Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Rodrigo Granda, entre otros exjefes guerrilleros, serían sancionados con la máxima sanción de 8 años con cuatro medidas de reparación a sus víctimas:

• Trabajos de desminado humanitario
• Búsqueda de personas dadas por desaparecidas
• Restauración ambiental del páramo de Sumapaz
• Actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas

“Es la máxima sanción que se podía solicitar, y está conforme con los acuerdos de La Habana”, indicó Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional.

“Es parte del compromiso que hicimos con las víctimas, y de la ética revolucionaria para asumir autocríticamente todos los crímenes cometidos durante el conflicto", señaló Pastor Alape.

Para el expresidente Álvaro Uribe, máximo líder del Centro Democrático, la sanción no es justa con el delito cometido.

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"Eso se sabía que era una sanción irrisoria, es una sanción simbólica inadecuada y estaba en el acuerdo de paz y nosotros pedimos que hubiera alguna modificación. Yo creo que eso no ayuda a la paz, pero es lo que en ese momento aprobaron”, señaló Uribe.

El debate también se reabre porque los exjefes guerrilleros no perderían sus derechos políticos.

“La participación política es uno de los fundamentos del acuerdo de paz. Este derecho es esencial en la reincorporación de la vida ciudadana, del Estado de derecho, consiste en abandonar las armas y la violencia y cambiarlo por la participación política, en la vida del país", manifestó Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.

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Será el tribunal de paz el que tenga la palabra final de las sanciones que recibirán los exjefes de la guerrilla de las FARC, el caso cobija más de 21.300 secuestros cometidos en medio del conflicto.