Son ocho los municipios del Bajo Cauca y el nordeste de Antioquia que se encuentran sitiados por el paro minero. Hay locales cerrados, vías bloqueadas y hasta el relleno sanitario no ha podido funcionar.
Esto ha causado el desabastecimiento de medicinas, alimentos y gas, lo que ya tiene en crisis humanitaria a la zona. Ni siquiera las ambulancias con enfermos pueden pasar.
Los alcaldes de estas regiones de Colombia se reunieron en las horas anteriores y pidieron acciones urgentes por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló que la minería ilegal ha destrozado más de 30.000 hectáreas ocasionando la peor afectación ambiental en décadas.
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“Quiero denunciar claramente el daño ambiental histórico que estas agrupaciones están ocasionando y el chantaje y la extorsión a la que están sometiendo a los habitantes en general y a los mineros”, explicó Gaviria.
“No hay razón para que los mineros pequeños y ancestrales sintieran efecto por las acciones del Estado que incluyeron los operativos de destrucción y que llevaron a que se dieran cierres de vías, retención de trabajadores de empresas mineras legales, talas de árboles sobre las vías y el bloqueo de camiones y ambulancias”, le dijeron las autoridades al diario El Colombiano.
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Según las declaraciones del gobernador de Antioquia, detrás de estos hechos está el Clan del Golfo.
Brote de dengue en Segovia
A la grave situación que ya se presenta en el Bajo Cauca Antioqueño y el nordeste de Antioquia, se suma un brote de dengue y malaria entre una comunidad indígena de Segovia. Varias personas están enfermas, entre ellas menores de edad, y no han podido ser evacuadas o las brigadas de salud no han podido llegar a la zona.
Clan del Golfo dice estar dispuesto a negociar con el Gobierno
Las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, indicaron a través de un comunicado que han contratado "los servicios profesionales de abogados" para adelantar "acercamientos" con el Gobierno colombiano en vistas a una posible negociación.
En el texto, compartido a través de sus canales de comunicación y dirigido al presidente colombiano, Gustavo Petro, y el alto comisionado para la Paz, Danilo Ruega, el Estado Mayor de las AGC asegura que la decisión se tomó después de "un consenso" de los altos mandos.
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"Estamos atendiendo de esta forma el llamado del Gobierno a la paz total como una política de Estado", indicaron, para agregar que los abogados contratados "están plenamente facultados en todo lo que tenga relación directa o indirecta con la paz total".
Estos abogados "no pertenecen ni han pertenecido nunca a las AGC ni a ningún bloque ni al Estado Mayor", aunque por el momento el grupo criminal no ha precisado ni quiénes ni cuántos son.
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