El pasado 21 de marzo de 2023, un refugio de gatos fue incendiado por manos criminales en un polideportivo de Santa Marta que es conocido como el "botadero de gatos
", debido al frecuente abandono de felinos en esa zona. Las llamas, que alcanzaron metro y medio de altura, redujeron a cenizas el hogar de más de 50 animales indefensos.
El cruel caso de maltrato animal prendió las alarmas en los entes de protección animal, ya que no es la primera vez que se comete este tipo de trasgresión en la ciudad.
“El año pasado hubo un envenenamiento masivo de gatitos y esto es el resultado de una política pública fallida, esto no debería existir”, manifestó Adriana Pabón, veedora de la defensa de animales.
Alejandro Gaviria, fiscal coordinador del grupo Gelma de la Fiscalía, acudió al lugar de los hechos para investigar el crimen y se encuentra extrayendo información de los sistemas de vigilancia de las casas aledañas al lugar, ya que el polideportivo no cuenta con cámaras de seguridad propias.
Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, no se presentó ninguna explosión en el incendio y las autoridades encontraron combustible alrededor de la caseta donde dormían los animales, evidenciando que se trataba de una acción intencional por parte de delincuentes.
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El fiscal señaló que 20 gatos alcanzaron a ser rescatados de las llamas, de los cuales cinco fallecieron. Por ahora se encuentran validando la información para determinar el total de víctimas mortales en el incendio.
De acuerdo con Gaviria, aunque hay personas que se encargan del cuidado de estos animales, no debería ser responsabilidad de los privados sino del Estado y los entes de control territorial, ya que con un poco de interés de su parte podrían prevenirse este tipo de situaciones que terminan siendo “una bomba de tiempo”.
“Este es un tema estructural. Necesitamos una ciudadanía empática que exija y una administración que haga el control. Si cada uno cumple con lo que le toca, los animales tendrían mejores condiciones”, resalta.
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El fiscal asegura que más allá de la sanción, hay una serie de acciones que deben implementarse para poder garantizar el cuidado de los animales y prevenir situaciones que atenten en contra de su integridad, como la educación, las jornadas de esterilización, trabajo en los colegios y multas a quienes los abandonan en la calle.
La senadora animalista Andrea Padilla concuerda con Gaviria en cuanto a la responsabilidad que tienen los entes territoriales frente a este tema: “Si Santa Marta tuviera una política eficazmente implementada, comenzando por un campaña de esterilización, muy seguramente este botadero de gatos no existiría, no estarían estos animales expuestos a estas situaciones”, señala.
Asimismo, comenta que “la legislación que existe hasta ahora es muy tibia e imprecisa”, por lo que se está intentando implementar un sistema de protección y bienestar animal dentro del Plan de Desarrollo y una política nacional de esterilización, a pesar de la resistencia que hay por parte del Congreso.
Por otro lado, Gaviria denuncia la falta de interés del estado para resolver los casos de maltrato animal, ya que en ocasiones se solicitan audiencias de imputación de cargos para los perpetradores de este delito y no se programan a tiempo.