Sigue siendo tensa la situación en San Vicente del Caguán, donde 78 policías y 6 trabajadores de la petrolera Emerald Energy continúan secuestrados por manifestantes que destrozaron las instalaciones de la petrolera.
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Las llamas consumieron la sede de la empresa china hasta la noche del jueves 2 de marzo. El campamento, zonas de oficinas, dormitorios y áreas de descanso del personal quedaron destruidas por el fuego luego de la violenta incursión de campesinos e indígenas, hechos en los que además perdieron la vida el subintendente Ricardo Arley Monroy y un campesino.
Las autoridades departamentales y nacionales adelantan gestiones para lograr que los policías y trabajadores de la petrolera sean liberados.
El alcalde de San Vicente del Caguán, Julián Perdomo, pidió un diálogo inmediato para superar el conflicto, no solo de los secuestrados, sino de las peticiones sociales de los manifestantes.
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“Estos hechos no debieron haber pasado en San Vicente del Caguán, son vidas humanas y lo más sagrado que tenemos nosotros es la vida de las personas. Queremos hacer un llamado a la cordura y que todo se pueda solucionar a través de las vías del diálogo, de la concertación”, recalcó.
A la zona viajó una comisión del gobierno nacional encabezada por el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Fernán Giraldo, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien pidió la inmediata liberación de los policías y civiles en poder de los campesinos.
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Boyacá llora al subintendente Ricardo Arley Monroy
El policía asesinado en San Vicente del Caguán nació en la vereda San Rafael de Cómbita, hace 39 años. Era el tercero de cuatro hijos.
Para su padre, Arquímedes Monroy, la noticia de su muerte ha sido devastadora.
"Mire que él era campesino como de pronto los señores que hicieron eso, y a mi hijo que estaba lleno de salud me le quitan la vida en un momento… no hay derecho", afirmó.
Y cuestionó “al gobierno de Petro, que esa es su paz que nos está dando, quitándonos los hijos, quitándole a la policía las armas, mandándolos como carne de cañón allá para que nos los maten”.
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Después de 15 años de servicio y de recorrer un camino de reconocimientos, murió aparentemente ante la mirada de centenares de campesinos.
El capitán Cristian Rodríguez, comandante de la unidad nacional de diálogo y mantenimiento del orden, contó que el subintendente asesinado en San Vicente del Caguán "contaba con más de 80 felicitaciones, 9 condecoraciones, 15 años al servicio de la institución y de nuestra especialidad".
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El uniformado no solo deja a sus padres, también a dos hijos, una niña de 9 años y un bebé de 3 meses.
¿Por qué el conflicto en San Vicente del Caguán?
Estefanía Ciro, analista y experta en conflicto, explicó que “hace más de 10 años Emerald Energy está en la región con el rechazo de las comunidades y no se ve un retorno positivo sobre las comunidades o sobre el desarrollo de la región. Un segundo elemento tiene que ver con el desconocimiento del Estado a la hora de negociar con las comunidades. Desde enero está la mesa puesta, pero ha habido varios obstáculos, los funcionarios han dicho que desconocen el escenario y que no pueden sentarse a la mesa, lo cual ha hecho que la mesa no avance. Un tercer elemento tiene que ver con la paz total”.
La protesta de la guardia campesina inició hace aproximadamente 40 días y en ella piden inversión económica en pavimentación, salud y educación, exigiendo millonarios recursos por parte de la petrolera para la construcción de carreteras y puentes.
En medio de la tensión, la empresa petrolera retiró a gran parte de su personal de la zona y suspendió las actividades de extracción; tanto así, que los manifestantes retuvieron por varios días unas 50 mulas dispuestas para sacar el crudo.
Luego, el gobierno nombró una comisión que se reuniría con los manifestantes el pasado martes 28 de febrero para buscar acuerdos; sin embargo, la reunión nunca se cumplió.
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“La reclamación que ellos proponen es una compensación social para que se realicen obras de mantenimiento de las vías y otras asociadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la zona de confluencia de esta empresa petrolera”, detalla Sandra Rodríguez, secretaria de Gobierno de Caquetá.
Por su parte, el defensor del Pueblo dijo estar dispuesto a servir como mediador para evitar que sigan ocurriendo estos hechos de violencia en los pozos de San Vicente del Caguán.
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