Organizaciones sociales exigen a grupos ilegales parar ataques: “Ciudadanía se siente amenazada”

Al menos 30 organizaciones sociales, comunitarias y campesinas le dirigieron una carta a losgrupos armados ilegales que están en diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro para pedirles de manera urgente que paren las acciones contra la población civil.

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La misiva está firmada por organizaciones de toda Colombia, sobre todo de zonas donde hoy se presenta una profunda crisis humanitaria como consecuencia de una escalada violenta que no respeta a la ciudadanía.

El mensaje es directo para grupos como las AGC o Clan del Golfo, las disidencias de la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor central, las autodefensas de la Sierra Nevada y grupos organizados que delinquen en las capitales. Piden escuchar el clamor de quienes viven en medio del fuego cruzado.

“Señoras y señores delegados de los grupos armados no estatales y del Gobierno Nacional, es la hora de escuchar el clamor social, pactar y avanzar en la instalación del cese al fuego y de hostilidades bilateral, que se convierta en cese multilateral que tenga como finalidad la garantía de la vida y la permanencia en los territorios”, dice un aparte.

Luis Emil Sanabria, presidente de Indepaz, señala que “sigue siendo muy difícil cuando convocamos reuniones. Por ejemplo, la gente no alcanza a llegar, hay retenes, hay amenazas, hay asesinatos, líderes y lideresas constantemente caen en medio también del conflicto. Sigue habiendo toma de escuelas, siguen minando los caminos y eso impide realmente que las organizaciones podamos hablar”.

Dicen estas organizaciones que, a pesar del cese al fuego pactado con algunos grupos armados ilegales, este no se estaría respetando.

“Lamentamos que las situaciones en territorios indígenas del país, y especialmente en el departamento del Cauca, se hayan exacerbado. Es necesario pedirles a todos los actores armados que cesen toda acción de hostilidad, de confrontación y otras en los territorios para así generar ambientes propicios en búsqueda de mínimos humanitarios”, expresó Eduin Mauricio Capaz, consejero mayor del CRIC.

Para las organizaciones no basta con silenciar los fusiles si de por medio se mantienen las prácticas de intimidación contra la población.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, asegura que “necesitamos ya que haya muestras concretas de no más reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, de que no haya más restricción a la movilidad, de que no haya carnetización ni esas imposiciones de los manuales de convivencia en las distintas comunidades, de manera que es el llamado que hacemos a los grupos armados ilegales”.

Son más de 318 actos de rompimiento del cese al fuego contabilizado en plataformas de organizaciones de derechos humanos, entre enero, cuando inició, y el pasado mes de abril.

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