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Este viernes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Gobierno de Colombia entregar los contratos de compra de vacunas contra el COVID-19.
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De acuerdo con la corporación, “se trata de Derechos Humanos protegidos en el bloque de constitucionalidad relacionados con el acceso a la información”.
Además, "las reservas invocadas no eran aplicables por cuanto la etapa de negociación ya culminó y los contratos ya se habían suscrito con las farmacéuticas; no hay información sensible ni relacionada con propiedad intelectual ni que ponga en peligro la salud pública" y "las cláusulas contractuales que establecen una confidencialidad de ese tipo son inaplicables en los países que se fundan en un Estado Constitucional de Derecho”.
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Así las cosas, en un plazo de tres días la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) debe suministrar, al Instituto anticorrupción y al jurista Ramiro Bejarano, una copia de los contratos relacionados con la adquisición de vacunas, el modelo de contratación empleado y el precio, entre otras.
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