El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el embargo de los bienes de Centros Poblados por el millonario contrato que pretendía llevar internet a las escuelas de todo el país. Además, pidió rastrear cuentas e investigar a particulares.
La orden es perentoria: la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, entre otros órganos de control y búsqueda, deben tomar medidas urgentes y de fondo con el objetivo de encontrar los 70 mil millones de pesos que generaron el escándalo con el MinTic y que llevó a renunciar a Karen Abudinen.
Se trata de una búsqueda no solo en el orden nacional sino internacional en el intento por evitar que el anticipo dado a Centros Poblados se pierda.
De esta forma se levanta el velo corporativo en las cuentas relacionadas con el controvertido contrato que pretendía ampliar el acceso a internet a escuelas rurales ubicadas en las zonas más apartadas de Colombia y se abre la puerta para poder efectuar embargos, secuestro de bienes, rastreo de cuentas e investigación a particulares, entre otros.
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En la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se exige al Ministerio de las TIC entregar un informe sobre las acciones y omisiones en las que incurrieron las empresas contratistas por las que se produjeron las irregularidades en el contrato.
Además, se fija en el nivel bancario el rastreo inmediato de bienes para encontrar el millonario anticipo entregado a Centros Poblados.
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Asimismo, se le ordenó a la Fiscalía y a la Cancillería que, en un plazo de tres días, es decir, hasta el jueves 16 de septiembre, efectúen la búsqueda de personas naturales o jurídicas en el exterior vinculadas con los hechos.
Adicionalmente, se le ordena al Banco de la República entregar un completo informe sobre los trámites cambiarios, compras de divisas, negocios o trámites similares en los que hayan participado tanto las empresas vinculadas al polémico contrato con Centros Poblados, como los representantes legales y socios de las sociedades desde junio del 2020 hasta la fecha.
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelve así una acción popular radicada por la Procuraduría General para recuperar el millonario anticipo.
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