Ordenan a la Nación indemnizar con $23 mil millones a familias de 11 diputados del Valle asesinados

Luego de 13 años del asesinato de los 11 diputados del Valle del Cauca por parte de la extinta guerrilla de las FARC, el Consejo de Estado emitió un fallo en el que le ordena a la Nación indemnizar a los familiares de las víctimas con 23 mil millones de pesos.

"Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar la suma de $23.004.340.598 a los integrantes del grupo presentes en este proceso y a los que se integren con posterioridad dentro de la oportunidad legal", dice la sentencia.

Héctor Carvajal, apoderado de las víctimas, explicó el alcance del fallo del alto tribunal.

"El Consejo de Estado ha proferido una sentencia en la que revoca la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que había negado la indemnización a todos los familiares de los 11 diputados asesinados por las FARC”, dijo.

Y es que, pese a la apelación que había presentado el Ministerio de Defensa y la Policía en el 2013, argumentando que el crimen había sido cometido por un tercero, para el Consejo de Estado, las autoridades tenían conocimiento de las amenazas en contra de los diputados y aun así no brindaron la seguridad necesaria.

Por lo tanto, el alto tribunal considera a la Nación administrativamente responsable y no solo le ordena pagar la millonaria indemnización, sino realizar un acto público de aceptación de responsabilidad y petición de perdón.

"El Consejo de Estado ha ordenado que se debe hacer un monumento en la Asamblea (del Valle del Cauca) en honor y homenaje a esas personas fallecidas y le ha ordenado al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional que haga un acto de perdón público", aseguró Carvajal.

Por tratarse de una acción de grupo, la entidad encargada de cancelar las indemnizaciones será la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, Carvajal afirmó que “las personas que no se vincularon al proceso y que tienen un parentesco con los diputados” podrán incluirse en el mismo luego de “la publicación que se haga del fallo en el juzgado administrativo que inicialmente produjo la condena”.