A través de sus redes sociales, la ONU en Colombia manifestó que hace seguimiento a la situación de Gerardo Vega y otros directivos de Forjando Futuros, quienes han recibido amenazas por su labor como defensores de los derechos de víctimas y reclamantes de tierras en el Urabá antioqueño.
La #restitución de tierras es fundamental para la reparación de #víctimas de despojo en la zona bananera del #Urabá. Es fundamental redoblar esfuerzos para q se respetan las decisiones judiciales @MinInterior @GobAntioquia
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) July 3, 2020
Debido a esto, se adelantó una reunión de la Mesa de Proceso Social de Garantías, que contó con participación de delegados locales de la región de Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Unidad Nacional de Protección, la Gobernación de Antioquia, organizaciones sociales y delegados de la OEA y la ONU.
Este encuentro se llevó a cabo con el objetivo de analizar una serie de ataques de desprestigio y desinformación en contra de campesinos reclamantes de tierras, líderes y organizaciones como la Fundación Forjando Futuros, la Corporación Jurídica Libertad, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que vienen trabajando en la defensa de los derechos de las víctimas en Urabá.
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“El origen de esta campaña de desprestigio son las decisiones que viene expidiendo los jueces de la República en contra de empresas bananeras y las directivas de la región, por presuntos delitos de concierto para delinquir y financiamiento voluntario de grupos paramilitares y tras la sanción comercial internacional de Flocert a Bananeras de Urabá S.A.S. de retiro del sistema de comercio justo Fairtrade”, señala un comunicado de la Corporación Jurídica Libertad.
En ese sentido, de acuerdo con la organización, se llegó a una serie de acuerdos entre los que se busca generar una estrategia de respeto a las sentencias de restitución y a los tribunales, mejorar las medidas de protección tanto para los líderes como para los campesinos, investigar los ataques y garantías para los fiscales que manejan estos casos, no solo en Antioquia, sino en otras regiones del país.