La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó su informe anual que recoge, una vez más, un aumento de la violencia como en el caso de las masacres, que fueron 84 en 2023, y el crecimiento de los grupos armados pese al avance en las negociaciones de paz y de un mayor enfoque en derechos humanos en las políticas del Gobierno.
En ese sentido, el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señala que en 2023 en Colombia esta entidad pudo verificar seis masacres más que en 2022, con 320 víctimas, y 105 asesinatos de defensores de derechos humanos (once menos que el año anterior).
"De nuestro balance de la situación en el 2023 preocupa que, a pesar de existir una disminución en algunos indicadores de violencia, continúa la expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales con graves consecuencias para los derechos humanos", explicó en la presentación del informe la representante en Colombia de esta oficina, Juliette de Rivero.
Por lo tanto, De Rivero apuntó que, "aunque en relación con el 2022 se registró una disminución del 9,5% en homicidios de personas defensoras verificados, la violencia contra ellas siguió siendo absolutamente intolerable. Sigue siendo la cifra más alta del mundo".
Pasos correctos del Gobierno
Desde la Oficina de la ONU apreciaron los pasos dados por el actual Gobierno colombiano hacia los derechos humanos y en aras de llegar a las zonas más olvidadas con políticas sociales y también con la "voluntad de cambiar las dinámicas de inversión social y económica de estas zonas".
"Reconocemos decisiones importantes tomadas por el Gobierno para combatir la desigualdad", dijo la diplomática, como el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos o medidas para que las personas con menos recursos puedan acceder a la universidad.
Y en cuanto a políticas nacionales, la representante de la ONU apreció "el enfoque de derechos humanos en las nuevas políticas de seguridad, desmantelamiento y drogas adoptadas por el Gobierno", aunque consideró que "tienen que traducirse en planes estratégicos y territoriales para su implementación".
Persiste la violencia
Todo ello, porque en las regiones la situación no ha mejorado e incluso ha empeorado. Si en 2021 la violencia afectaba a 156 municipios del país, actualmente se siente en 206 municipios de 28 de los 32 departamentos, según el Índice de Impacto de la Violencia de ONU Derechos Humanos.
"La consolidación del poder de los grupos en algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad en Colombia y para la protección de los derechos humanos de la población", dijo la representante.
Tame, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, es el municipio con el índice más alto de violencia y a la oficina de la ONU le preocupa además "profundamente", por ejemplo, la situación que vive el pueblo indígena nasa en el Cauca (suroeste).
"Hay una estrategia deliberada de destruir liderazgos, desconocer la autoridad indígena en los territorios y destruir el tejido social. Lo mismo sucede contra comunidades afro en el Pacífico o con el pueblo awá en Nariño, por nombrar algunos", añadió.
Además, el año pasado, en el que se celebraron elecciones municipales y departamentales, fueron asesinadas 46 personas con liderazgo político, de las cuales 11 eran candidatos.
La oficina de la ONU también registró 53 casos de violencia basada en género, incluida sexual y también casos de trata de personas con fines de explotación sexual contra niñas.
En cuanto al reclutamiento, uso o utilización de niños en el conflicto armado, aunque la ONU tiene un subregistro, se pudieron verificar 134 casos (86 niños, 42 niñas y 6 sin confirmación de género) por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, de los cuales más de la mitad eran indígenas.
Por ello, recomendó "fortalecer la gobernabilidad y el Estado de derecho en los territorios dada la preocupante situación de inseguridad", mediante la implementación de las nuevas políticas de seguridad, desmantelamiento y drogas.
O que no se pierda el foco en que el Estado, aunque esté negociando con grupos armados, debe garantizar la seguridad en las regiones y responder cuando se cometen ataques o violaciones de derechos humanos.
"Consideramos que los diálogos territoriales de paz deben tener como objetivo fortalecer la presencia integral del Estado y la transformación de los territorios, con la participación activa de los procesos organizativos de base y autoridades locales y étnicas", concluyó De Rivero.
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