ONG Temblores denuncia 47 asesinatos y más de 1.800 casos de violencia policial en paro nacional

Desde el inicio del paro nacional en Colombia, el 28 de abril, hasta el 8 de mayo, la ONG Temblores ha reportado más de 1.800 denuncias de casos de violencia policial, entre los que se cuentan 47 homicidios que habrían sido cometidos, presuntamente, por miembros de la fuerza pública, además de denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias.

Quienes han participado de las movilizaciones alertan que la falta de garantías y de respeto por el derecho constitucional y la protesta es evidente.

"Hoy no es solo el pueblo indígena sino el colombiano el que está pidiendo cambios a gritos, tienen que garantizar la vida. Aquí nos matan si nos movilizamos y si no también, nos están matando con la legalidad", advierte Aida Quilcué, consejera regional indígena del Cauca.

Organismos de derechos humanos han dicho que son más de 600 las personas que han sido detenidas y que después de 36 horas no aparecen, incluso, no permiten información a los familiares.

Sin embargo, la Fiscalía General informó que "no existen denuncias formales por este delito" y que en un trabajo con la Defensoría del Pueblo “se ha logrado localizar a 227 personas”, mientras que otras 168 personas no han sido ubicadas.

"Se está generando la imagen insólita, aberrante, de personas arbitrariamente detenidas de las cuales no se da información. De modo que esto tiene que ser aclarado porque la confusión y la desinformación sale de la propia Fiscalía y la Defensoría del Pueblo", expone Camilo González, presidente de Indepaz.

“Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Fiscalía, para que actúen en defensa de los derechos humanos y dejen de guardar silencio”, reclama Luis Emil Sanabria, presidente de Redepaz.

En una carta dirigida a los líderes políticos y a la comunidad internacional, varias organizaciones de derechos humanos, bajo el lema "SOS Colombia", piden ayuda para parar la violencia en el país.

"A pesar de anunciar una apertura al diálogo, el lenguaje del Gobierno nacional y las fuerzas armadas cierra toda la posibilidad de esclarecer la situación crítica en la que se encuentra el país", manifiesta Laura Restrepo, coordinadora de Boroló ORG.

Las ONG piden la creación de una comisión internacional de derechos humanos como veedora del conflicto en Colombia, para que hagan contraloría al Estado.