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La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca impuso una multa de 2.291 millones de pesos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por permitir el paso de aguas residuales a través de la planta de tratamiento de la cárcel de Jamundí, que no está operando, sin el permiso de vertimiento.
“La norma exige una licencia de la autoridad ambiental, que el Inpec no tiene porque no ha puesto a punto su planta. De ahí, el proceso sancionatorio”, dijo Didier Orlando Upegui Nieva, director de la Dirección Ambiental Regional, DAR, Suroccidente de la CVC.
En ese sentido, el funcionario anotó que más de cuatro mil personas generan aguas residuales en el centro carcelario, las cuales terminan en el río Cauca y producen contaminación del recurso hídrico.
El Inpec, que presentó recurso de reposición, cuenta con 30 días para obtener el permiso tras ser notificado de la sanción. De lo contrario, diariamente deberá pagar el 25 % del salario mínimo mensual legal vigente, es decir $161.000.
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