Una mujer denunció haber sido víctima de intento de feminicidio
por parte de su expareja, quien es un oficial activo del Ejército Nacional. La Corte Constitucional estudió su caso y reveló que es una práctica reiterada en la institución. Ya son 12 los uniformados indiciados por este delito.
Según el testimonio, su expareja, un sargento viceprimero, la violentaba psicológicamente, le daba puños y la lesionaba con armas cortopunzantes hasta el punto de enviarla al hospital.
La mujer acudió a comisarías de familia, Policía, Fiscalía y al mismo Ejército Nacional, pero nadie la protegió ni a ella ni a su hija de 8 años, aseguró.
Tras estrellarse con muchas puertas cerradas, llegó hasta la Corte Constitucional, donde estudiaron su caso. El alto tribunal señaló que las diferentes entidades incurrieron en violencia institucional al desconocer los derechos fundamentales de la víctima y no adoptar medidas efectivas y articuladas para protegerla.
“El caso bajo estudio refleja el desarraigo de una mujer que ha tenido que permanecer escondida y huyendo para protegerse de su expareja (…) se trata del riesgo en la vida de dos mujeres, quienes han tenido que cambiar toda su vida a partir del acto violento frente a que la respuesta del Estado ha sido ausente de coordinación, coherencia y ha fracasado en el seguimiento”, señaló el alto tribunal.
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La Fiscalía dijo que esta práctica es reiterada y que ya son 12 los uniformados indiciados por feminicidio e intento de feminicidio, sin contar los procesados por violencia intrafamiliar
“Llama la atención que quienes tienen el ejercicio legítimo de las armas en el Estado protagonicen casos de agresión a la mujer, o como se informó a este tribunal, terminen contactando a otros miembros de la fuerza pública para ubicar (y hostigar) en cualquier parte del país a quien ha tenido que huir para protegerse”, precisó la Corte Constitucional.
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El Ejército Nacional respondió que estos casos los remiten a la autoridad competente.
“Cuando detectamos un caso de violencia, la dirección de familia remite hacia las redes externas que corresponden, como lo son las comisarías de familia, Fiscalía o cualquier otro ente jurisdiccional según sea el caso”, dijo la coronel Ana María Sánchez, jefe de la oficina de género de la institución.
Agregó que “hemos realizado visitas a las diferentes unidades territoriales con el fin de prevenir todo tipo de violencia basada en género para nuestro personal militar y personal civil”.
Diana Marcela Gómez, viceministra de las mujeres, reconoció sobre este caso que “no hubo respuesta adecuada, no se pusieron en marcha medidas de protección, no se hizo seguimiento y lo que nos corresponde ahora como Ministerio de Igualdad y Equidad es garantizar que esta mujer reciba todas las garantías para una vida libre de violencia y para que evitemos que ocurra un feminicidio, y también avanzar en esclarecer qué fue lo que ocurrió en términos de los hostigamientos y violencias que ella denunció”.
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Mientras tanto, la mujer que por poco es víctima de feminicidio sigue escondida, mudándose cada que puede de domicilio y a la espera de que el Estado la vincule a algún programa de protección y atención.
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