El Ministerio de Trabajo investiga presuntos casos de abuso laboral y sexual
en la entidad que, según un comunicado emitido por el despacho de la ministra Gloria Inés Ramírez, ya están siendo atendidos.
“Se han identificado funcionarios que estarían incurriendo en este tipo de actuaciones; sin embargo, por tratarse de indagaciones preliminares y por protección a las presuntas víctimas, no se revelan sus identidades”, detalló el organismo en el comunicado.
El Ministerio de Trabajo expresó su disposición para “acompañar las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que se determinen las sanciones pertinentes”.
La ministra Gloria Inés Ramírez dice tener como prioridad atacar este fenómeno en todas las entidades públicas y privadas del país y para ello integró “el primer Grupo Élite para la Equidad de Género, que ha realizado 150 capacitaciones, llegando a 3.000 personas de entidades públicas y privadas, 351 querellas y ha iniciado 30 averiguaciones”.
A esta denuncia de abuso laboral y sexual se suma la que hizo recientemente el senador Jota Pe Hernández, quien señaló al productor del Canal del Congreso, John Jairo Uribe,
de robar, acosar laboral y sexualmente, drogar y abusar a algunos de sus empleados.
Tres de las víctimas hablaron que lo que vivieron con el presunto abusador y acosador.
John Jairo Uribe, según sus extrabajadores, les quitaba parte de su sueldo, los acosaba sexualmente y si no accedían a lo que él quería “se enfurece. Cree que porque le dio un trabajo a uno, tiene que dejarse acceder. Y le echa droga a uno, una pepa que le relaja a uno el cuerpo y lo deje a usted totalmente vulnerable”.
El senador Jota Pe Hernández pidió a la directora administrativa de la corporación, Astrid Salamanca, retirar del cargo al señalado abusador porque “está chantajeando, amenazando a los otros trabajadores debido a la revelación de esta denuncia”.
John Jairo Uribe no se ha pronunciado, pero tan pronto se conoció la denuncia, el presidente del Senado, Roy Barreras, anunció que fue apartado del cargo.
Aclaró que no es funcionario del Congreso, sino que trabaja para una compañía externa que presta servicios técnicos al canal de la corporación.
Añadió que conocía al denunciado hace 15 años “en plano estrictamente profesional y laboral y nunca escuchamos de comportamientos deleznables como estos, pero reiteramos que será la Fiscalía General la que investigue estas serias denuncias”.
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