El Gobierno de Gustavo Petro publicó, este jueves, los decretos de conmoción interior por la crisis en el Catatumbo, donde el Eln y las disidencias de las Farc libran una cruenta guerra que ya deja más de 50.000 personas desplazadas por la violencia.
Uno de los artículos que causó polémica e interrogantes se refiere a la “expropiación administrativa”. En este se señaló que se autoriza la expropiación por vía administrativa, citando los términos del capítulo VII de la Ley 1523 de 2012.
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De esta manera, el Gobierno busca “concluir los procesos en curso de adquisición directa de predios en los programas especiales de dotación de tierras cuando fuese necesario para garantizar los procesos de retorno y estabilización víctima de desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de excombatientes, en el marco de la grave perturbación del orden público declarada mediante el Decreto 0062 de 2025”.
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La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en diálogo con Noticias Caracol, dijo que este decreto establece la posibilidad de que los procesos que están en curso de adquisición de tierras se puedan acelerar vía la aplicación del artículo 75 de la ley 1523.
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Estos predios, que serán comprados en su valor comercial, se dispondrán a dos poblaciones: reincorporados a la vida civil y las víctimas de desplazamiento.
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Con esta medida, el Gobierno pretende reubicar a las víctimas, para que puedan continuar con sus actividades productivas, garantizando el inicio de sus cosechas y actividad productiva.
¿Se revive el fantasma de expropiación?
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La ministra de Agricultura hizo énfasis en qué es la expropiación y señaló que es un mecanismo que existe desde hace muchos años, el cual le permite al Estado adquirir de manera forzada predios que necesita.
De hecho, en el marco de este decreto de conmoción interior, Carvajalino insistió en que no se abrirá un proceso indeterminado de expropiación.
También manifestó que se trata de predios que están en procesos de venta con la Agencia Nacional de Tierra y con el decreto se facilitará la compra.
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“En esta crisis humanitaria, 52.000 personas son víctimas de desplazamiento forzado, han debido abandonar sus casas y sus predios, debemos darles una pronta respuesta en el proceso de retorno”, dijo.
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Finalmente, Carvajalino añadió que no se abrirán nuevos procesos de adquisición y se actuará de manera eficiente.
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“Se trata de predios en este territorio (el Catatumbo), no se trata de una medida del orden nacional ni una medida permanente”, señaló.
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