El Estado colombiano ha sido condenado a pagar una indemnización de 2.430 millones de pesos a los familiares de Luis Barrios, un líder social asesinado el 3 de julio de 2018 en Palmar de Varela, Atlántico. La decisión, tomada por un juez, considera que hubo una grave omisión por parte del Estado en la protección de Barrios, quien había denunciado actividades de tráfico de drogas en su comunidad.
Luis Barrios Machado, conocido por su activismo y compromiso con los derechos humanos, había estado bajo amenaza debido a sus denuncias sobre expendios de droga en su localidad. El asesinato ocurrió en su hogar, ubicado en el barrio Villa Paraíso, y el caso ha sido objeto de atención tanto nacional como internacional. La condena del Estado llega seis años después del trágico suceso y ha sido confirmada por el defensor de derechos humanos como un hecho sin precedentes en el país.
El líder social denunció el problema de la venta de drogas en la región
José Humberto Torres, defensor de derechos humanos afirmó: “había denunciado los nexos de la policía en el municipio con la venta de estupefacientes y ese hecho de haber denunciado le generó a él una situación de riesgo”.
El juez que dictó la sentencia concluyó que el Estado falló en proporcionar la seguridad adecuada a Barrios y, además, determinó que la Policía jugó un papel indirecto en el asesinato al revelar a los narcotraficantes la identidad de la persona que los había denunciado. Esta revelación, según el fallo, contribuyó significativamente al ataque que acabó con la vida del líder social.
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Barrios había hecho otras denuncias por la problemática del alcantarillado y del hospital de la población, como en su momento lo dio a conocer a Noticias Caracol en vivo .
Luis Barrios mencionó: “Es así como las ambulancias tienen tres meses de estar fuera de servicios y todavía ninguna autoridad departamental ni el ente territorial ni municipio se pronuncia”.
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Esta millonaria indemnización marca un hito en la historia judicial colombiana, dado que es la primera vez que el Estado enfrenta una sanción de esta magnitud por una omisión en la protección de un individuo. La decisión resalta la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, así como de mejorar la respuesta institucional frente a amenazas y actos de violencia.
La indemnización busca compensar a la familia de Luis Barrios por el dolor y el sufrimiento causados por su pérdida, así como por la falta de protección que contribuyó a su asesinato. El caso ha generado un debate sobre la responsabilidad del Estado en la garantía de seguridad para quienes luchan contra la injusticia y el crimen en sus comunidades.
Días después del asesinato del líder social, el Gobierno reconoció el error de no haberle brindado protección
Torres, añadió que: “El Ministro del Interior de la época Guillermo Rivera reconoció públicamente que había sido grave error, una gran omisión del estado Colombia a este líder Luis Barrios Machado, en primer lugar porque sabía de sus denuncias conocía, pero además conocía de las graves amenazas y el riesgo que pesaba sobre su vida”.
Su familia, que será indemnizada por daños morales, así recibió la sentencia judicial: "Con mucha alegría porque gracias a dios se va a hacer justicia, como compañera de él, de más de 10 años es lo único que quiero, que se haga justicia que se pueda por fin indemnizar a la familia", afirmó Mery Miranda, la viuda de Barrios.
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Miranda aún lamenta que no se le hubiera prestado atención a su caso: “Desde 2014 él venía pidiendo la protección, pero siempre pedían era valorizar para ver si era verdad que él merecía la protección”.
Las cinco personas que participaron en su asesinato fueron capturadas y permanecen bajo prisión en centros carcelarios.
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