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Dicen que no están recibiendo ayuda del gobierno colombiano y, por su estatus de refugiados, no tienen permiso de trabajo. Además temen por sus vidas.
"Nos dan una hoja de migración por cinco días la cual tenemos que esperar respuesta de la Cancillería; y la respuesta de total de la Cancillería es que no podemos trabajar no ejercer ningún tipo de trabajo porque nos cabe una sanción", explica uno de los afectados.
Actualmente un proyecto de Pastoral Social de la Iglesia católica, que es financiado por el gobierno de los Estados Unidos, es el único que les está brindando apoyo.
Los exmilitares temen por su vida y la de sus familias, pues según ellos se han visto amenazados por uniformados venezolanos que se han infiltrado en Colombia.
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Los militares venezolanos se encuentran a la espera de una respuesta por parte del gobierno colombiano o del presidente interino de Venezuela que les permita definir su difícil situación.
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