A la cárcel fueron enviadas ocho personas, entre ellas tres militares activos, que estarían vendiendo armas a las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo.
El fiscal del caso dijo en su argumentación que “el gran traficante de armas en este país es, lamentablemente, tristemente y preocupante, su señoría, el propio Ejército Nacional de Colombia”.
Agregó que los uniformados capturados “harían parte de un grupo delincuencial criminal organizado que se dedica al tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares como fusiles, ametralladoras y lanzagranadas, también a traficar con las partes esenciales de estas armas, incluyendo las municiones, en diferentes partes del país”.
Según el ente acusador, el soldado profesional Arley Panqueba Neira haría parte desde el 2013 de ese grupo y recibía millonarias sumas de dinero.
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Dos testigos le contaron a la Fiscalía General cómo la organización criminal sacaba armas como pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y cartuchos.
Alexander Bermúdez Arias, aquí lo comenta, ha conocido numerosos militares y numerosos civiles dedicados a este tráfico de armas en todo el país, en Caquetá, en el Meta, en el Casanare, en Arauca, en Antioquia y en la costa Atlántica, entre otros departamentos
El fiscal agregó que son varios los militares activos los que han sido capturados por pertenecer presuntamente a organizaciones dedicadas al tráfico de armas, por lo que cuestionó que “pocas veces nos preguntamos ¿y todos esos grupos armados de dónde es que sacan tantas armas con las que cometen tantos delitos? En esta declaración jurada de 32 páginas hay parte de esa respuesta. Esto perfectamente podría ser un anexo a ese libro de memorias que escribió la Comisión de la Verdad creada por ese acuerdo de paz, esa reforma constitucional, pero lamentablemente no es así”.
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El juez 17 de garantías consideró “que estas personas tienen suficientes nexos, vínculos con las Fuerzas Militares y con otras personas dedicadas a adelantar este tipo de actividades”, por lo que impuso “medida cautelar a fin de evitar que continúen fortaleciendo el objeto de esa organización investigada por parte del ente acusador”.
Solo uno de los capturados, el soldado profesional Milton de Jesús Ávila Ortiz, aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
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