Este martes 19 de septiembre continuó la audiencia por falsos positivos
en Casanare contra militares en retiro que reconocieron ante la JEP el asesinato de inocentes campesinos durante los llamados falsos positivos.
Uno de ellos fue el capitán retirado del Ejército Jaime Rivera, quien devolvió una condecoración que recibió en su época de militar para pedir perdón por numerosos asesinatos cometidos entre enero de 2005 y diciembre de 2008, en el departamento del Casanare, en el este del país.
"Solicito a la magistratura permiso para devolver la condecoración que me otorgó el Gaula, la dirección nacional de los gaulas, como premio a esas mentiras, como premio a hacer parte de ese entramado", dijo.
El oficial retirado dijo que la medalla "debe estar en otro lugar que no sean los reconocimientos en mi casa porque no quiero que mi familia vea esta presea y pregunte un día cómo la obtuve".
En la audiencia, 21 exmilitares y otros exfuncionarios del Estado reconocieron su participación en el asesinato de 303 ciudadanos para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate, crímenes conocidos como falsos positivos.
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William Acevedo Hernández, familiar de una de las víctimas, dijo que a los militares implicados “hay que llamarlos como son, son unos asesinos, cogieron a una persona con discapacidad, que no se podía mover. Así como nosotros, con muletas, y qué tristeza, se lo llevaron sin sus muletas, lo tuvieron secuestrado durante tres días”.
Jorge Eduardo Avendaño, otra víctima de falsos positivos, exigió “que nos digan la verdad, que no vengan a seguir mintiendo, porque nos están mintiendo, a mí me están mintiendo”.
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Que le digan “al país sobre los hechos que cometieron el Gaula militar acá en el departamento, la brigada XVI con nuestros familiares, que eran personas humildes, campesinas, y que los hicieron pasar por falsos positivos como dados de baja en combates como terroristas”, agregó Sebastián Vargas Achagua.
Ya en la audiencia de los falsos positivos, los victimarios no solo reconocieron sus errores, sino que aceptaron que formaron parte de un aparato de muerte e impunidad.
“La política de seguridad democrática de nuestro presidente Álvaro Uribe fue una política totalmente funesta”, afirmó el coronel (r) Wilson Camargo.
Mientras que Wilson Rodríguez, que fungió como reclutador, expresó que para él “esto fue un sistema de ejecución extrajudicial implementado por el gobierno central del momento, por lo tanto, quiero pedirles perdón”.
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Entre tanto, la JEP aseguró que las acciones del capitán (r) Rivera, que fue jefe de la unidad de inteligencia en el Gaula en Casanare, "produjeron el asesinato de 59 personas que fueron presentadas como bajas en combate".
El tribunal explicó la actuación de una red criminal de al menos 367 personas que planeaban, ejecutaban y encubrían los falsos positivos en Casanare, la cual se implantó y operó en la Brigada XVI bajo el mando del mayor general retirado Henry Torres Escalante, que está entre los que reconocieron su responsabilidad en estos asesinatos.
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La JEP les atribuyó a los militares procesados el cargo de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.
Según la investigación de la JEP, las víctimas eran en su mayoría hombres entre los 18 y los 25 años. Sin embargo, en el caso de Casanare se acopió información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas embarazada.
La JEP estableció que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en Colombia entre 2002 y 2008, periodo bajo la administración de Álvaro Uribe (2002-2010).
Óscar Parra Vera, magistrado de la JEP, consideró “que es un momento clave en términos del reconocimiento de responsabilidad y el esclarecimiento de la verdad y de la visibilización pública de los máximos responsables por los falsos positivos del Casanare”.
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