Incomunicados, así amanecieron más de treinta mil habitantes de Cartagena del Chairá, en Caquetá, por cuenta de las ya habituales extorsiones de grupos ilegales como el estado mayor central de las disidencias de las FARC que opera en la zona.
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“El operador lo que nos informa es que grupos al margen de la ley solicitaron el pago de una extorsión para que esas antenas pudieran seguir funcionando”, señaló Edilberto Molina, alcalde Cartagena del Chairá.
El sueño de la conectividad, que llegó a esta zona en el año 2020, fue interrumpido por quienes aseguran estar dispuestos a hacer la paz total.
“Se ven afectados colegios, escuelas, el Banco Agrario, el hospital, la administración, todas las entidades del Estado“, dijo Molina.
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A esto se suma el asesinato de un empleado encargado del mantenimiento de antenas de comunicación en zona rural del municipio.
“En el marco del consejo de seguridad nos han reportado el asesinato de una persona en el centro poblado de Nápoles, al parecer, es una persona que se encontraba haciendo algunos trabajos relacionados con el mantenimiento a estas antenas de comunicación”, señaló el mandatario.
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La situación es tan difícil que las empresas no tienen garantías de seguridad para operar. El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, solicitó el apoyo a las Fuerzas Militares.
“Nosotros desde aquí vamos nuevamente a instalar o a reconectar esas comunicaciones. Por supuesto, también invitamos a las comunidades o las empresas de telefonía si reciben órdenes de grupos al margen de la ley para apagar sus antenas, o dejar incomunicados algunos de la población, por favor, infórmenos para tomar las medidas necesarias”, indicó Lizcano.
La situación en Caquetá es mucho más compleja, desde el pequeño comerciante hasta las grandes empresas transportadoras lecheras, o de cárnicos deben pagar la denominada vacuna a cambio trabajar. Es así como los alcaldes del departamento le piden al Gobierno nacional coherencia y resultados, pues mientras dialogan con los grupos ilegales estos no dejan de delinquir y presionar a las comunidades.
“Lo que le pedimos al gobierno es que deje las reglas claras del juego, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, que realmente estas misiones de verificación tengan algunas herramientas que permitan dar resultado”, agregó el alcalde.
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Luego de un consejo de seguridad, el mandatario manifestó que “se tomaron las respectivas acciones, los funcionarios de Claro explicaron la situación que se viene presentando, el tema de extorsión para que puedan funcionar estas antenas de comunicación”.
En esta zona del país en los próximos días el gobierno instalaría la mesa de negociaciones con las disidencias del estado mayor central.
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