La movilización por la vida y la dignidad rechazó el asesinato de seis líderes en la región este año, dos de ellos durante la última semana.
Los casos de Alberto Domicó, ultimado el 31 de octubre en Chigorodó, así como Luis Enrique de la Cruz, el miércoles 6 de noviembre en Cáceres, llevó a los indígenas a levantar la voz para rechazar la violencia contra su comunidad.
“Nosotros no queremos hacer parte del conflicto, hemos insistido. Es un llamado a todos los actores llamados a respetar la vida la dignidad, la tranquilidad de la gente de las comunidades”, manifestó Richar Sierra, consejero de la Organización Indígena de Antioquia (OIA).
Los líderes indígenas pidieron ayuda al Gobierno Nacional para que garanticen la seguridad a la comunidad indígena que ha sido blanco de ataques y amenazas.
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“Como hay amenazas de otros comuneros, le estamos exigiendo al Estado, a las entidades competentes, que nos apoyen, que nos ayuden porque ya nos está sucediendo y es algo real, y por eso a todas las entidades competentes les pedimos que se pongan la mano en el corazón”, pidió Samuel Borja Domicó, gobernador del Cabildo Mayor de Chigorodó.
En la zona, las comunidades indígenas tienen que salir e ingresar a determinadas horas, debido a que se sienten intimidados por estructuras como Los Caparros y el Clan del Golfo, quienes se disputan el control territorial para el tráfico de estupefacientes en el bajo Cauca antioqueño.
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A comienzos de octubre, la Gobernación de Antioquia denunció que 2.890 indígenas, 2.122 en Murindó y 768 en Dabeiba,estaban bajo confinamiento por culpa de grupos armados.