En la mira está la línea de crédito Colombia Agro Produce por denuncias de presunto favorecimiento a agroindustriales, lo que revive época de Agro Ingreso Seguro.
La pobreza apabullante sigue siendo del 65 % en la población rural, el atraso en infraestructura vial para sacar los productos es calamitoso, un campesino pensionado es casi una figura mitológica y el acceso al crédito ha sido históricamente piedra de escándalo, y para rematar, ahora también está el COVID-19
haciendo estragos.
“En este país hay mucha pobreza y mucha miseria en el campo. Exigimos la tierra para el que la trabaja, exigimos respeto para los campesinos”, dice Octavio de Jesús Cardona, campesino del Caquetá.
Colombia produce al año 64 millones de toneladas de alimento, la mitad de los cuales es cosecha de pequeños productores, como don Octavio Cardona, quien desde 1968, en la vereda Alto de San Gil, en Florencia, Caquetá, ha sido testigo de las duras y las maduras del campo.
Pocos como él saben lo duro que es el campo, mucho más en tiempos de pandemia.
“Hemos sido perjudicados por el coronavirus, no podemos trabajar libremente, en la actualidad las pérdidas de los cultivos fueron grandes y ahorita lo poquito que se está produciendo, se está trabajando solo a pérdidas”, asegura Gratiniano Pirazán Ávila, campesino de Boyacá.
En el marco de la emergencia por el coronavirus, el gobierno ha expedido al menos cinco decretos para garantizar la seguridad alimentaria. Noticias Caracol los revisó todos y constató que, sin embargo, el único enfocado al pequeño y mediano productor rural es el 486 de 2020, que autorizó un incentivo económico de 80 mil pesos a unos 500 mil campesinos mayores de 70 años y que abrió la línea de crédito Colombia Agro Produce.
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Hoy en la mira de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría por supuestos beneficios a grandes agroindustriales, un escándalo con ribetes similares al ocurrido hace 13 años con el programa Agro Ingreso Seguro.
“El Agro Ingreso Seguro se definió para los campesinos o por lo menos eso fue lo que se dijo, sin embargo, los recursos se canalizaron a grandes productores y la línea especial de crédito Colombia Agro Produce pues en el discurso siempre se ha dicho que es una ayuda a los campesinos, pero los beneficiarios son los medianos y grandes productores”, manifiesta Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.
Un expediente abierto que tiene bajo la lupa al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, y a los responsables del esquema financiero del agro, donde aparecen Finagro y el Banco Agrario.
En contexto: Se han entregado 213 mil millones a grandes productores: minagricultura sobre Colombia Agro Produce
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Aunque mucho se ha hablado sobre eventuales responsabilidades y presuntos favorecimientos a agroindustriales, nada se ha dicho del rol de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario en este escenario.
Se trata del organismo rector de la política de créditos para el agro y está integrado por los ministros de Hacienda y Agricultura, el director de Planeación, el gerente del Banco de la República, la presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural y dos delegados del presidente. Uno de esos delegados es Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
“¿Quién representa entonces a los pequeños productores y a los pequeños agroindustriales en esta comisión? ¿es objetivo, es ético que exista la representación gremial de estos empresarios y no la de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, por ejemplo?”, se pregunta Olga Lucía Velásquez, excongresista y experta en asuntos económicos.
Además, agrega: “¿existe un conflicto de interés por la información privilegiada que se pueda estar manejando al interior de esta Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y que beneficie o favorezca a estos gremios? Esas son las grandes preguntas que quedan una vez se ha presentado todo este conflicto alrededor de los créditos de las líneas especiales de crédito”.
¿Desequilibrio en la comisión de crédito del agro?
Para Velásquez hay un claro desequilibrio en la conformación de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, pues uno de sus miembros representa al mismo tiempo a los más grandes agroindustriales del país.
“En la conformación nacional de crédito agropecuario entiendo que la SAC tiene representación allí, pero como delegada del presidente de la república, en consecuencia, tienen una voz importante en esa instancia y por eso buena parte de los lineamientos que define la Comisión Nacional de Crédito se orientan a los grandes productores y a los medianos productores agremiados a la SAC”, señala Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.
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Para los organismos de control el tema es esencial. Diego Trujillo, procurador delegado para Asuntos Agrarios, sostiene que los pequeños productores del campo también deberían tener voz en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.
“Hay que reestructurar un sistema bancario que esté orientado y creado es para ese pequeño productor, para no poner a competir al pequeño productor con el grande en la consecución de estos recursos. La estructura de entidades como Finagro, como el Banco Agrario y como la Comisión Nacional de Crédito, deben tener participación de las agremiaciones de los pequeños productores campesinos”, indica Trujillo.
El procurador delegado añade: “tenemos que pensar en cómo el uso de la información privilegiada que se maneja en las juntas y consejos de estas entidades no sirvan para que gremios puedan aprovechar esa información y puedan gestionar los créditos de manera más acelerada y más rápida que el pequeño productor”.
No obstante, Gabriel Romero, contralor delegado para el sector agrario, tiene otro punto de vista: “No creemos que exista en sí mismo un conflicto de intereses, estamos revisando si con ellos o con cualquier otro ha habido manejo de información privilegiada. No obstante, sí es el momento de revisar incluso la composición de la Comisión Nacional de Crédito para darle cabida en igualdad de términos a otros sectores que muy posiblemente tienen una voz propia”.
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Noticias Caracol también consultó al presidente de la SAC por estas críticas y esto respondió: “La SAC gestiona políticas públicas que impulsen a todo el sector agropecuario. No en vano representa el 73 por ciento del PIN agropecuario del país, el cual está compuesto por pequeños, medianos y grandes productores del campo. Al interior de la SAC están los sectores que representan a los cientos de miles de colombianos”.
Para Bedoya, sugerir que la SAC solo representa a agroindustriales es una falacia y, mucho peor, inferir que como delegado del presidente Duque en la Comisión de Crédito Agropecuario solo está favoreciendo a su gremio.
Mientras los organismos de control avanzan en sus pesquisas, varios agroindustriales devolvieron cerca de 50 mil millones de pesos de esta línea de créditos bajo sospecha.
¿Si todo estaba en regla, por qué esa devolución, se preguntan expertos en el sector? El ministro Rodolfo Zea insiste en que todo se ha hecho legalmente y que los pequeños y medianos productores en Colombia pueden acceder a créditos por 1,2 billones de pesos.
Al margen de la controversia, la situación del campo sigue crítica.
“¿Qué le pediríamos al Gobierno Nacional y al Banco Agrario? que este resto del año no se nos cobre intereses de las obligaciones que actualmente tenemos”, dice Pirazán.
Su plegaria representa a miles de campesinos históricamente olvidados, que luchan contra la escasez de siempre, hoy agravada por la pandemia del coronavirus.
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