El testimonio de cientos de víctimas sirvió de base para que la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP) determinara la responsabilidad del secretariado de la extinta guerrilla de las FARC en secuestros cometidos entre 1993 y 2012, en el marco del conflicto armad colombiano.
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La JEP, mediante un documento de 322 páginas, les notificó a siete miembros de las antiguas FARC la imputación de cargos en un proceso en los que se acreditaron 2.107 víctimas.
Los acusados son: Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Jaime Alberto Parra, alias El médico; Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez; Pablo Catatumbo; Pastor Alape; Julián Gallo y Rodrigo Granda.
Se les imputaron cargos por toma de rehenes, homicidio, tortura, atentado a la dignidad personal, actos inhumanos, violencia sexual y desaparición forzada. Quizá lo que más llamó la atención de la JEP es la manera en que, según determinó, las FARC mercadearon con los secuestrados y cómo incurrieron en esclavitud.
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A esta conclusión se llegó a partir de los testimonios de las víctimas y sus familias, como el relato de Helmut Angulo, cuyos padres las FARC secuestraron y posteriormente asesinaron, luego de ser sometidos a trabajos forzados.
“En el caso de mi padre a él lo usaban para hacer talabartería. Entonces, claro que esclavizaron. Es que, es más, la esclavitud es el menor delito que hicieron ellos”, señaló Helmut Angulo.
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El presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, relató la crueldad del secuestro: “Los civiles fueran convertidos en cosas, en mercancías y que inclusive, a raíz de largos cautiverios, también fuesen tratados como animales”.
La JEP y la Procuraduría se basaron en fallos como los emitidos por el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, que al procesar a líderes nazis por los trabajos forzados a judíos eslavos consideró: “La servidumbre involuntaria y el trabajo obligatorio sin compensación constituyeron esclavitud, aun cuando los malos tratos y las torturas no se hubieran cometido”.
La Procuraduría evidenció 70 casos y más de un millón de microdatos con los cuales documentaron la imposición de trabajos forzados a las víctimas durante su cautiverio.
Las antiguas FARC, si bien admitieron que los secuestrados fueron sometidos a trabajos forzados, no están de acuerdo con la tipificación de esclavitud. Esta observación está en manos del tribunal de paz.
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