La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su decisión de suspender la segunda sesión de la audiencia pública que se adelanta por el caso de la tortura, secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya en mayo del 2000.
Durante la diligencia del lunes, el abogado del Estado colombiano, Camilo Gómez, se retiró sorpresivamente, recusando a cinco de los magistrados y alegando falta de garantías.
“Este argumento se sustentó en que la forma como se adelantó el interrogatorio contra la periodista podía evidenciar un prejuzgamiento en contra de Colombia (…) es histórico este hecho, nunca antes un Estado se había levantado de este tipo de audiencias como lo hizo ayer Colombia”, explicó el abogado internacionalista Enrique Prieto.
No obstante, manifestó que lo que hizo Gómez, “levantándose de la mesa (…) envía un muy mal mensaje a las víctimas del Estado colombiano, a los periodistas y más aun teniendo en cuenta que la investigación a nivel interno por estos hechos en contra de la periodista Jineth Bedoya se ha demorado muchísimo”.
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Para otros expertos, como el abogado Víctor Mosquera, era necesaria la suspensión de la audiencia por parte de la CIDH para abordar el caso de manera objetiva.
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“Cualquier demostración previa de su decisión respecto a favorecer alguna posición, ya sea del Estado o inclusive de la parte denunciante, es una violación a la imparcialidad. Es entendible que el Estado colombiano se haya retirado de dicha valoración precisamente porque los jueces pueden estar prejuzgando desde ya la decisión que van a tomar en favor de la víctima”, dijo.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a Jineth Bedoya, presentará un escrito para pedir que se rechace formalmente el pedido de recusación que hizo el Estado colombiano.
Antecedentes
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), determina la responsabilidad de Colombia en la agresión que sufrió la periodista, Premio Mundial a la Libertad de Prensa de la Unesco en 2020.
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La comunicadora tenía 26 años y trabajaba para el diario El Espectador cuando fue secuestrada por un grupo de paramilitares sobre el cual estaba investigando.
Algunos miembros de estas milicias de ultraderecha, desmovilizados en 2006, ya fueron condenados por estos abusos que, según Bedoya, se llevaron a cabo con la complicidad de agentes del Estado de alto nivel.
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La Fundación para la Libertad de Prensa indicó que Colombia revictimiza a Bedoya, "demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, remitió este caso a la corte en 2019 por considerar que el Estado colombiano incumplió las recomendaciones que le había hecho de investigar lo ocurrido y adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación de los daños.
El caso de Bedoya es emblemático de la violencia sexual derivada del conflicto armado, que en seis décadas ha dejado más de nueve millones de víctimas.
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Los fallos de la Corte IDH, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.
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