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Un testigo protegido dice que un exaspirante a la Alcaldía de Palmito, Sucre, lo reclutó para mentir sobre supuestos malos manejos en esa entidad.
Se trata, según el testigo, de Fernando Barrios, sindicado de estar al servicio del Clan Úsuga.
Además, añade que hablaron de “darle de baja” al fundador de Manexka, el médico indígena Pedro Pestana, preso en un resguardo indígena por parapolítica.
Para llegar a él, cuenta, la fiscal 52 de Barranquilla, Ana Milena Palomino, ordenó un operativo contra un supuesto centro de operaciones de un grupo ilegal, que se hizo en abril de 2017 y del cual la guardia indígena dejó constancia.
El hombre clave en esa acción, de acuerdo con la información que tiene la Fiscalía, es el sargento activo de la Policía Jhony Sanjuan, que fue la persona a quien supuestamente le habrían dado dinero para organizar esta y otra operación realizada en noviembre de 2017, ordenada por la misma Fiscalía 52 para conseguir información de Manexka.
"El día 15 de noviembre de 2016 me llamó Jhony Sanjuan y me dijo que me tenía que ir para Barranquilla a la casa de la fiscal 52, Ana Milena Palomino, porque la gente ya estaba capturada y ella no sabía qué hacer con la información que había obtenido en el allanamiento y que iba a utilizar en la imputación", relata el testigo.
Una participación oculta que la misma fiscal parece reconocer en un audio enviado al testigo protegido:
“Empieza esa señora a decirme que ‘yo por qué hablé contigo, que yo por qué tengo contacto contigo, que tú por qué me ayudaste en el tema de la contabilidad para mirar los errores que tenía Manexka’”, se le escucha decir a quien sería la fiscal 52.
Por esa colaboración y por un testimonio aparentemente acomodado, precisa el testigo y varios documentos, Palomino se habría comprometido a borrar los antecedentes al hombre que habría iniciado todo, el excandidato a la Alcaldía de Palmito Fernando Barrios
El informador sostiene que la fiscal habría sido fundamental en este entramado hasta cuando le quitaron el proceso.
También se investigan audios donde se hablaría de los pagos hechos al sargento de la Policía, que también habría colaborado con la trama de corrupción.
Fiscalía también tiene la lupa sobre una posible participación del congresista Fabio Amín, con quien se habrían hecho acuerdos para la liquidación de la EPS.
El CTI también tiene copia de correos donde la fiscal le envía al médico Gabriel Pérez sus argumentos para pedirle a la superintendencia la liquidación. Razones que al parecer surtieron efecto porque hace una semana la Corte Constitucional ordenó esa medida.
Gabriel Pérez es candidato a liquidador de Manexka y habría participado en los supuestos pagos al sargento.
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